Política migratoria de Trump

El presidente Trump está impulsando una reforma migratoria en Estados Unidos.

A continuación se describen los puntos más importantes de la reforma migratoria propuesta por el gobierno de Trump.

Al tomar el poder, el presidente Donald Trump presentó un nuevo plan de reforma migratoria que se centra en la reducción de la entrada legal de extranjeros y en la introducción de un sistema de puntos, como el de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que promueva la inmigración de profesionales calificados.

En la propuesta, el mandatario prevé disminuir a la mitad la entrega de Green Cards o residencias permanentes (estimada por el Departamento de Seguridad en 1 millón por año), exigir a los inmigrantes hablar inglés, reducir las cuotas de visas por refugio, modificar el programa de reagrupación familiar y eliminar la Lotería de Visas, entre otros aspectos.

En mayo 2019, en el contexto de la crisis de refugiados en la frontera, Donald Trump ratificó que la nueva política migratoria implica una reforma dramática respecto al sistema legal vigente, al que ha definido como “basado en el azar”. El plan pondría “los empleos, los salarios y la seguridad en los trabajadores estadounidenses primero”, según palabras del mandatario.

La reforma contempla prioridad basada en el mérito y limita el número de personas que podrían obtener una Green Card a través de lazos de familia o peticiones de asilo. Asimismo, el número de inmigrantes permitidos se mantendría estático de un año a otro.

Los principales elementos abordados en la reforma serían:

  • Seguridad de la frontera: culminación del muro.
  • Protección de los salarios: freno al ingreso de mano de obra barata.
  • Atracción y protección de los mejores inmigrantes.
  • Prioridad para familias nucleares: límites para cuáles miembros de la familia pueden entrar por reunificación hijos y cónyuges.
  • Importación de mano de obra para industrias críticas.
  • Preservación de valores humanitarios: mantener el asilo, pero limitándolo.

El proyecto de ley migratoria lleva por nombre “Reforming American Immigration for a Strong Economy” o “the RAISE Act, (Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte), y según palabras del presidente busca “poner primero a los trabajadores estadounidenses”.

Bajo ese principio el nuevo plan migratorio de Trump se propone dos objetivos muy concretos: reducir la inmigración legal hasta un 50% en el próximo decenio y promover la entrada de inmigrantes más educados y mejor preparados para obtener empleos bien remunerados en Estados Unidos.

Para ello, se dará prioridad a las habilidades y el conocimiento del inglés frente al parentesco (reagrupación familiar) como criterio de acogida de nuevos extranjeros.

Antes de entrar en vigor, el proyecto deberá ser aprobado por las dos cámaras del Congreso.

El plan migratorio de Trump en cinco puntos
El presidente Donald Trump estima que la “RAISE Act” será “la reforma más significativa en el sistema de inmigración de Estados Unidos en medio siglo”.

Para entender su alcance, explicamos los puntos más importantes de la reforma migratoria de Trump en cinco puntos claves:

1. Promoción de la entrada de inmigrantes calificados
El nuevo sistema recompensará la educación, la experiencia laboral, el dominio del idioma inglés, la iniciativa empresarial y las ofertas de trabajo bien remunerado con las que cuente el candidato. La idea es reducir drásticamente la entrada al país de extranjeros con poca educación para promover la inmigración de profesionales calificados que puedan sumarse a la economía productiva de Estados Unidos.

2. Introducción de un sistema de puntos
Tal como lo anunció el presidente Trump en su primer mensaje al Congreso, a principios de 2017, Estados Unidos busca emular los sistemas de inmigración de naciones como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Más en: Trump quiere un sistema migratorio como el de Canadá.

En tal sentido, aunque no se han ofrecido detalles del funcionamiento del nuevo sistema de inmigración de Estados Unidos, se sabe que se impulsará la puesta en marcha de un sistema de puntos, eje central de la política de inmigración selectiva o calificada. Bajo esta modalidad, los aspirantes a inmigrar a Estados Unidos deberán demostrar habilidades específicas (hablar inglés, tener un título universitario, poseer experiencia de trabajo en un área económica de interés) que les serán recompensadas con puntos, que harán que su perfil sea más atractivo, y en consecuencia tendrán más posibilidades de ser aceptados como residentes permanentes.

3. Eliminación de la Lotería de Visas
De aprobarse el nuevo plan migratorio de Donald Trump quedaría eliminado el programa oficial denominado “Visa de Inmigración Diversa”, mejor conocido como la Lotería de Visas de Estados Unidos, por considerarlo “anticuado y al servicio de cuestionables intereses económicos y humanitarios”. A través de la Lotería de Visas se rifan anualmente 50 mil Green Cards a ciudadanos de países que presentan bajas cuotas de inmigración en Estados Unidos. Los ciudadanos de varios países latinoamericanos pueden participar, entre ellos, Argentina, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Más sobre la Lotería de Visas aquí>>

4. Modificación del programa de reagrupación familiar
En el nuevo sistema se reducirá el número de Green Cards (residencia permanente) que se concede a extranjeros bajo el programa de reagrupación familiar. La petición de familiares se limitaría a cónyuges e hijos menores de edad, pero dejaría afuera a padres y hermanos. Sin embargo, se señala que los padres ancianos de ciudadanos estadounidenses que necesitan ser cuidados podrán recibir visas temporales renovables.

5. Reducción de las cuotas de refugiados y revisión de la política de asilo
Se reducirá el número de personas con estatus de refugiado a 50 mil. Actualmente, el límite máximo de recepción de refugiados es de 100 mil. Asimismo, se pide la revisión del plan de asilo, para fijar las cuotas de acuerdo con los intereses del nuevo plan.
América primero

Tan pronto como se juramentó como presidente de Estados Unidos -el 20 de enero de 2017- Donald Trump se puso manos a la obra para luchar contra la inmigración ilegal, la cual había sido centro de sus promesas electorales.

Sin embargo, ahora la cuestión migratoria aborda un aspecto más profundo del tema. Se plantea como una reforma integral que busca promover la entrada selectiva de extranjeros, tal como lo hacen otras naciones como Australia y Canadá.

“La RAISE Act dará prioridad a la entrada de inmigrantes calificados, mientras salvaguardamos los empleos de los trabajadores estadounidenses”, declaró el presidente Trump.

En los considerandos de la propuesta de ley se puede leer la siguiente argumentación: “Más del 50 por ciento de todos los hogares de inmigrantes reciben beneficios sociales, en comparación con sólo el 30 por ciento de los hogares de estadounidenses. Los inmigrantes con una educación universitaria son, en promedio, menos propensos a ser beneficiarios de la asistencia social que quienes carecen del mismo grado de instrucción. Desde 1979, los estadounidenses con un diploma de escuela secundaria o menos, han visto una caída real del salario por hora, y los trabajadores estadounidenses sin el diploma de preparatoria han visto sus salarios reales caer en 17 por ciento”.

“La ley da prioridad a los solicitantes que hablen inglés, puedan mantenerse financieramente a ellos mismos y a sus familias, y contribuyan con sus habilidades a nuestra economía”, aseguró el presidente Trump.

El proyecto de ley, introducido por el propio presidente el 2 de agosto de 2017 durante un acto en la Casa Blanca, fue elaborado por los senadores republicanos David Perdue, de Georgia, y Tom Cotton, de Arkansas, quienes acompañaron a Trump en la presentación.

Las órdenes ejecutivas de Donald Trump
La política de “mano dura” contra la inmigración ilegal, pilar fundamental de las promesas electorales de Trump, se ha concretado por medio de órdenes ejecutivas que, en efecto, declaran la guerra a los extranjeros sin papeles.

Las principales órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en materia de inmigración se describen a continuación:

25 de enero de 2017
– Se ordena la construcción del muro en la frontera con México y el reforzamiento de la seguridad fronteriza.

– Se decreta el retiro de fondos federales a las “ciudades santuarios”, si estas persisten en su negativa de recaudar información sobre el estatus migratorio de cualquier persona y proporcionar los datos a las autoridades federales.

Los alcaldes de las “ciudades santuario” reaccionaron asegurando que no cambiarán sus políticas y que no piensan ceder ante las presiones del gobierno federal. Más información en: Trump declara la guerra a la inmigración ilegal.

27 de enero de 2017
–  Se dictamina un veto migratorio que impide por noventa días la entrada en el país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

– Se ordenó la paralización de la entrada de refugiados de cualquier nacionalidad.

Este decreto fue suspendido el 3 de febrero de 2017 por orden de un juez federal, que lo declaró inconstitucional. La suspensión fue ratificada, el 9 de febrero, por un tribunal federal de apelaciones, ante el cual había acudido el presidente Trump con un recurso legal para hacer validar su decisión ejecutiva.

6 de marzo de 2017
– Se ordena un nuevo veto migratorio que anula el del 27 de enero. Se impide por noventa días la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irán y Yemen. Irak queda fuera de la prohibición y se aclara que puede entrar al país todo portador de una visa válida o de una Green Card.

– Además, se suspende el programa de refigiados por ciento veinte días.

Organizaciones civiles pro derechos de los inmigrantes reaccionaron diciendo que se trata de una modificación banal del veto del 27 de enero, pero que en el fondo se preserva el verdadero espíritu discriminatorio de la medida. Más en: Trump firma nuevo veto contra países musulmanes.

– El 26 de junio de 2017, la Corte Suprema de Estado Unidos permitió que este decreto migratorio entre en vigor parcialmente, tras haber sido trabado por dos juzgados federales. El máximo tribunal estadounidense protegió una categoría de extranjeros: aquellos “con un reclamo creíble de una relación de buena fe con una persona o entidad en Estados Unidos”. Esto permite al gobierno prohibir el ingreso a migrantes sin vínculos probados con Estados Unidos. Por el contrario, quienes posean “estrechos lazos familiares” en Estados Unidos, o cuenten con una visa de estudio porque hayan sido aceptados por una universidad estadounidense, no podrán ser afectados por la orden migratoria.

18 de abril de 2017
– Trump decreta la revisión de las condiciones de otorgamiento de visas a extranjeros calificados (visas H-1B), para garantizar que se concedan a los extranjeros “más calificados y mejor pagados”. Con la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses. La orden ejecutiva la firmó en una fábrica en el estado de Wisconsin, donde dio un discurso llamando a “Comprar estadounidense y contratar a estadounidenses”. Más detalles en Nueva orden ejecutiva de Trump busca reformar programa de visas H-1B >>

5 de septiembre de 2017
El presidente Trump anuncia el fin del programa conocido como DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), que había sido decretado por Barack Obama en 2012 y que había protegido de la deportación a casi 800 mil jóvenes sin papeles, conocidos como “dreamers” o “soñadores”, quienes llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. La suspensión se hará efectiva el 5 de maro de 2018, esperando que antes de esa fecha el Congreso encuentre una alternativa al estatus migratorio de ese colectivo, conformado en su mayoría por jóvenes de origen mexicano.

24 de septiembre de 2017
El presidente Trump emite una orden ejecutiva para restringir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de: Corea del Norte, Chad, Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Venezuela.

En el caso de Venezuela, la medida recaerá directamente sobre funcionarios del régimen venezolano y sus familiares. Específicamente, se se suspende la entrada a Estados Unidos de funcionarios (y sus familiares) de los siguientes organismos: Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz; el Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración; el Cuerpo de Servicios Científicos, Penales y de Investigación Criminal; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. En efecto desde el 18 de octubre de 2017, la orden carece de plazo. Además, los nacionales de Venezuela que sean titulares de visados deben ser sujetos de medidas adicionales apropiadas para asegurar que la información del viajero permanece vigente. Más información Veto migratorio de Trump podría afectar al venezolano común >>

Gobernar por decreto
Las reacciones del sistema estatal americano contra las medidas del presidente hacen plantear la siguiente pregunta: ¿podrá Trump llevar a cambo su política migratoria por medio de órdenes ejecutivas?

Mediante las llamadas “órdenes ejecutivas” el presidente de Estados Unidos puede ejercer su autoridad de manera vinculante, según lo establece el artículo 2, de la constitución de ese país.

¿Podrá Donald Trump gobernar por decreto?
¿Podrá Donald Trump gobernar por decreto?

Su importancia radica en que son documentos oficiales que dictaminan acciones concretas de inmediata ejecución.

Estos decretos han sido utilizados por todos los presidentes de Estados Unidos, desde Roosevelt, quien se dice que ejecutó más de tres mil.

De hecho, el ex-presidente Barack Obama emitió una gran cantidad de órdenes ejecutivas sobre diferentes materias: el control de armas, el cambio climático, el salario mínimo y decisiones militares, entre otras.

En materia de inmigración, Obama firmó varios decretos para detener la deportación de los extranjeros sin papeles más vulnerables, como los llamados “Dreamers” (jóvenes que llegaron al país en situación irregular siendo niños, llevados por sus padres) y los padres de estos.

Sin embargo, estos documentos presidenciales no son órdenes automáticas. Pueden verse frenados por el Congreso, que puede prohibir los recursos financieros para la ejecución del mandato, o por los tribunales de la nación, ante los cuales se pueden ejercer acciones judiciales que anulen las decisiones del ejecutivo.

Además, las órdenes ejecutivas no pueden revertir una ley aprobada en el Congreso.

En efecto, varios decretos del ex-presidente Obama fueron frenados, tal como le ha acontecido al presidente Trump, quien ha sufrido su primer revés político al quedar sin efecto su veto de entrada al país a ciudadanos de siete países musulmanes.

La orden ejecutiva de Trump para la construcción del muro también requerirá de una aprobación de proyecto y de una asignación de presupuesto por parte del Congreso, entre otras acciones.

De este análisis se deduce que las órdenes ejecutivas son prerrogativas amplias del presidente de Estados Unidos, pero en ningún modo pueden entenderse como un poder ilimitado de este funcionario.

Lo que sí puede hacer el presidente de Estados Unidos es revertir cualquier orden ejecutiva de su predecesor. Bajo ese principio, Trump ha prometido que anulará varios de los decretos expedidos por Obama. De hecho, ya comenzó con la anulación de DACA, que protegía de la deportación a los “dreamers” sin papeles.

El presidente también puede solicitar apelaciones en los tribunales federales, incluyendo el Tribunal Supremo, para defender sus órdenes ejecutivas.

Esto es lo que parece que hará Donald Trump para tratar de llevar adelante su política migratoria, según se infiere de su reacción, publicada en Twitter, a la decisión de un tribunal federal de apelaciones de rechazar el veto migratorio a ciudadanos musulmanes: “Los veo en la Corte, la seguridad de nuestra nación está en peligro”.

¿Qué esperar de la política migratoria de Trump?
La posibilidad de una regularización general de 11 millones de extranjeros indocumentados revivió, cuando, en un inesperado giro del discurso, el presidente Trump afirmó ante el Congreso de su país que “una reforma migratoria positiva y real es posible”.

Trump dijo que estaría dispuesto a promover una legislación que contemple un tipo de legalización de los extranjeros indocumentados, pero únicamente quienes no hayan cometido delitos graves.

Por otra parte, el mandatario aseguró que la legalización no significaría el otorgamiento de la ciudadanía, aunque contempló una posible excepción con los “Dreamers”.

Más sobre el anuncio de Trump de una reforma migratoria aquí >>

En los últimos meses de su campaña electoral, Trump suavizó el discurso sobre las deportaciones, limitándolas únicamente a los extranjeros con récord criminal. Sin embargo, durante toda la campaña presidencial el centro de su discurso político en materia de inmigración fue la salida masiva e inmediata de extranjeros indocumentados. “Tienen que irse”, aseguró el magnate en más de una ocasión.

Por esta razón, ha sorprendido tanto el cambio radical de su polítca, anunciada durante su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso, reunidas en sesión conjunta, el pasado 28 de febrero de 2017.

Durante la campaña, Trump también se opuso a “la ciudadanía por nacimiento”, un derecho de cualquier niño nacido dentro de las fronteras de Estados Unidos, sin importar el estatus legal de sus padres.

Sin embargo, Trump, aun siendo presidente de Estados Unidos, carece de poder para eliminar la ciudadanía estadounidense automática, ya que se trata de un derecho garantizado por la Constitución. Para eliminarlo tendría que enmendar la carta magna, lo cual es un procedimiento de difícil ejecución.

Trump tampoco podrá eliminar visas que están establecidas por ley o negar visados a personas que cumplen con todos los requisitos.

Cabe señalar, sin embargo, que Trump cuenta con la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, lo que facilitará su gobernabilidad.

Lineamientos de la política migratoria de Donald Trump
Se explican a continuación cuáles son las nuevas reglas para enfrentar a la inmigración ilegal en los Estados Unidos, anunciadas el 21 de febrero de 2017:

Política de verificación y deportaciones
– Cualquier extranjero en situación irregular en Estados Unidos puede ser inspeccionado y verificado. Esta práctica resulta de la aplicación de la Sección 235 de la Ley de Inmigración (INA) que exige que todos los extranjeros deben ser revisados cuando entran al país, o de lo contrario podrán ser deportados.

– Para realizar este proceso, las autoridades detendrán al ciudadano y lo internarán en un centro de reclusión. Posteriormente, será un juez de inmigración quien decidirá su permanencia en el territorio estadounidense, dependiendo de la evaluación particular que se haga de cada caso. Anteriormente, el inmigrante podía esperar el juicio en libertad.

– Hasta la fecha, la deportación acelerada se había ejercido únicamente contra extranjeros encontrados dentro de las 100 millas aéreas de la frontera Sur y dentro de los primeros 14 días de su entrada irregular. Ahora, el límite geográfico ha sido eliminado y el lapso ha sido ampliado. Se requiere un período mínimo de 2 años en Estados Unidos para que un inmigrante sin papeles evite ser sometido a una deportación acelerada o expedita, la cual se ejecuta sin necesidad de presentar el caso ante un juez.

– En la práctica, todo inmigrante sin papeles puede ser deportado y todo ciudadano en situación irregular puede ser puesto en prisión, mientras un juez se estudia su caso.

– Quedan exceptuados de la deportación acelerada los ciudadanos protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). La “acción diferida”, que no es otra cosa que la “deportación diferida”, fue establecida como orden ejecutiva por el presidente Obama para proteger a los llamados “Dreamers”.

– Todo extranjero sin papeles capturado, que no represente un riesgo de una nueva entrada ilegal al territorio estadounidense, será devuelto al territorio extranjero contiguo del cual llegó, mientras espera la audiencia con un juez. En pocas palabras, significa que todo inmigrante indocumentado que haya cruzado la frontera Sur, será devuelto a México, aunque no sea mexicano. Esta acción, plantea la duda de si Estados Unidos tiene la autoridad de obligar a México a recibir extranjeros mientras Estados Unidos decide su suerte.

Uso de la libertad condicional
– Se limitará la concesión de la libertad condicional, otorgándose únicamente por razones humanitarias, siempre que no esté en juego la seguridad pública. Un nuevo reglamento será redactado para aclarar los casos en que pueda ser otorgado este beneficio.

Uso de policías locales para hacer cumplir las leyes de inmigración
– Expansión del programa 287 (g) en la región fronteriza. El artículo 287 (g) de la Ley de Inmigración (INA) establece acuerdos con estados y municipalidades para autorizar a oficiales de la policía o empleados calificados a desempeñar las funciones de un oficial de inmigración. Esto básicamente significa que la policía y algunos funcionarios públicos tendrán poderes extraordinarios para detener, arrestar, encarcelar y deportar a inmigrantes indocumentados.

– Tendrán prioridad de expulsión los inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados por cualquier tipo de delito, no solamente por delitos graves.

Niños y menores de edad que crucen la frontera
– Se dejará de dar protección legal a los menores no acompañados que cruzan la frontera de manera irregular, aunque sean recibidos por sus padres o por representantes legales dentro de Estados Unidos. Si el menor de edad es detenido en la frontera, se permitirá su deportación expedita. La nueva norma permitirá también indagar el estatus migratorio de los padres o representantes. Más información en el artículo El drama de los niños migrantes>>

Seguridad en la frontera Sur
– El Departamento de Seguridad Nacional llevará a cabo un estudio integral de la seguridad de la frontera sur (aire, tierra y mar) para identificar vulnerabilidades y proporcionar recomendaciones para mejorar la seguridad fronteriza. Esto incluirá la disponibilidad de recursos federales y estatales para desarrollar e implementar una estrategia de seguridad fronteriza efectiva que logre un control operacional completo de la frontera.

– Se asignarán las fuentes de financiamiento disponibles para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de un muro en la frontera con México, incluyendo: iluminación, tecnología avanzada (sistema de sensores), patrullaje y vías de acceso.

– Se contratarán más agentes y oficiales del Servicio de Aduana y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection). Incluyendo: 5.000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y 500 agentes y oficiales adicionales de aire y mar.

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