La forma política del Estado Español es la monarquía constitucional hereditaria con un régimen de democracia parlamentaria. Los poderes están divididos en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Según la Constitución Española, el Rey Felipe VI es el Jefe del Estado y Capitán General de los tres Ejércitos, como máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Entre las funciones que le otorga la Constitución figuran la de proponer el candidato a Presidente del Gobierno y nombrarlo, una vez que ha obtenido la confianza de las Cortes, la de nombrar a los restantes miembros del Gobierno propuestos por el Presidente y sancionar las leyes aprobadas en las Cortes. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a explicaciones.

Foto oficial de Felipe IV, Rey de España.
Foto oficial de Felipe VI, Rey de España.

Felipe VI fue proclamado Rey de España el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de su padre el Rey Juan Carlos I de Borbón, quien había ostentado el trono desde el 22 de noviembre de 1975.

La monarquía es una de las influencias más importantes en la vida de España. Se considera que ha sido imagen de la permanencia y unidad del Estado, y que ha contribuido a modernizar al país. Mediante su actividad, la Corona se ha dedicado a poner al Estado en relación con el pueblo y ha contribuido a integrar la variedad de las tierras de España en una sola nación.

Se reconoce el carácter abierto y directo de la Familia Real, su sencillo estilo de vida, la ausencia de Corte Real y el apoyo dado por el Rey emérito Don Juan Carlos, la Reina emérita Doña Sofía, el Rey Felipe, la Reina Letizia y las dos Infantas a numerosas causas morales y humanitarias. Para los españoles, la monarquía es la máxima garantía de las instituciones y valores democráticos.

El Poder Legislativo recae en las llamadas “Cortes Generales” (Parlamento Español), compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Sus miembros son elegidos cada cuatro años mediante sufragio universal. Estas elecciones se denominan “elecciones generales” y en ellas sólo pueden votar y ser votados los ciudadanos con nacionalidad española.

Es función de las Cortes la aprobación de los presupuestos del Estado y supervisar la acción del Gobierno, además de elegir al presidente del gobierno, cada cuatro años, una vez celebradas las elecciones generales.

La función legislativa la comparten las Cortes Generales con los parlamentos de las “Comunidades Autónomas”, que también tienen capacidad para aprobar leyes.

El Poder Ejecutivo de la nación lo ejerce el Presidente del Gobierno, quien es elegido por un período de cuatro años y es asistido por un Consejo de Ministros. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y la defensa del Estado.

El abogado Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España.
El abogado Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España.

El actual Presidente del Gobierno de España es Mariano Rajoy, juramentado en el cargo el 21 de diciembre de 2011.

Para cumplir sus funciones, el Gobierno puede desarrollar las Leyes aprobando normas menores (reglamentos y órdenes). Esta función ejecutiva se lleva a cabo también por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y por los Gobiernos de las Entidades Locales.

El Poder Judicial se administra, en nombre del Rey por Jueces y Magistrados. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del poder judicial y El Tribunal Superior de Justicia es el cuerpo jurídico más alto del Estado. El presidente del Tribunal es nombrado por el Rey según propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

El Fiscal del Estado es nombrado por el Rey y propuesto por el Gobierno. La oficina del fiscal público es la encargada de promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y de asegurar la independencia de las Cortes.

Los partidos políticos mayoritarios en España son el Popular (PP) y el Socialista Obrero Español (PSOE). Existen otros partidos y grupos de menor influencia política.

Organización territorial
Administrativamente España está organizada en municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Existen diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas, que disponen de sus respectivos parlamentos y ejecutivos.

Cada Comunidad Autónoma está formada por una o varias provincias, en total, en España, hay 50 provincias. Cada provincia la componen un número variable de municipios, en España, hay más de 8 mil municipios.

España es un Estado unitario, pero el poder se encuentra descentralizado, tanto política como administrativamente, lo que quiere decir que la toma de decisiones públicas y la ejecución de las mismas, no corresponde únicamente al Poder Central, sino que comparte tales funciones con las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

A través del “Estatuto de Autonomía”, las Comunidades Autónomas gozan de una reconocida y amplia potestad ejecutiva y legislativa. Para ellos, cuentan con un parlamento, un gobierno y una administración propios.

Los ciudadanos de nacionalidad española residentes en cada Comunidad Autónoma elegirán cada cuatro años, en las denominadas “Elecciones Autonómicas”, a los miembros del Parlamento Autonómico, que, a su vez, elegirá, posteriormente, al Presidente del Gobierno Autonómico. El Presidente designará a los “Consejeros”, con quienes formará el Gobierno Autonómico, mediante el cual se dirigirá la acción política y económica.

Las principales entidades locales son los Municipios y las Provincias, a las que la Constitución garantiza también la autonomía en la gestión de sus asuntos propios.

El gobierno y la administración del Municipio corresponde al Ayuntamiento. Los vecinos del municipio eligen a los Concejales, quienes a su vez eligen al Alcalde entre aquellos Concejales que hayan sido cabeza de lista de sus partidos políticos.

Los Ayuntamientos tienen una serie de competencias, y para llevarlas a cabo cuentan con autonomía de gestión, con impuestos propios y con capacidad de aprobar determinadas normas (reglamentos y ordenanzas municipales).

Por su parte, la Provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios. En cada Provincia hay una Administración, denominada Diputación Provincial o Cabildos.

Las Diputaciones Provinciales cuentan con recursos económicos propios, actuando como una administración intermedia entre las Comunidades Autónomas y los Municipios.

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