España es un país democrático, donde la igualdad, la justicia, la libertad, la seguridad y el progreso social son valores básicos. La ley y el derecho regulan la actuación de los poderes públicos y las relaciones de éstos con los ciudadanos.
La norma fundamental del Estado español es la Constitución, promulgada el 6 de diciembre de 1978, en la cual se establece su sistema político y administrativo, así como los principios fundamentales que rigen la convivencia de los ciudadanos en España.
La Constitución española, junto a los derechos y deberes de los ciudadanos, establece también la forma de gobierno del país, que será la monarquía parlamentaria, determina claramente la separación de poderes, entre legislativo, ejecutivo y judicial, y dispone la organización territorial y administrativa del país.
La aprobación constitucional de la estructura del Estado español en Comunidades Autónomas, otorga el derecho de autonomía de las regiones que forman la nación española. El texto de la Constitución establece los poderes que pueden ser asumidos por las Comunidades Autónomas y los que sólo se les pueden atribuir al Estado.
La Constitución de 1978 fue aprobada por la Cortes Generales, ratificada por el pueblo español en referéndum y sancionada por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I.
Tras la ratificación de la Constitución, poco a poco se fue completando el proceso de instauración de las diecisiete Comunidades Autónomas, así como la aprobación de sus estatutos. La división política y administrativa de España se completa con sus dos Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla.
Se dice que el logro fundamental de la Constitución es que ha contribuido a resolver problemas históricos que tenía España desde hacía un siglo. El establecimiento de un nuevo estado de autonomía regional, la regulación del papel de la Corona y la eliminación del carácter estatal de la Iglesia, han sido elementos esenciales para canalizar estos conflictos de manera pacífica.
El instrumento jurídico establece además la creación de un Tribunal Constitucional como parte esencial del orden legal español. Dicho órgano jurídico se asemeja en líneas generales al modelo de los tribunales constitucionales europeos, como el de Austria, Alemania o Italia, donde se asume este organismo como un intérprete supremo de la Constitución.
En 1992, el Congreso de los Diputados aprobó el derecho de voto en las elecciones municipales para los ciudadanos de la Unión Europea que vivan en España.
Desde el 1 de agosto de 2001 entró en vigencia el nuevo instrumento jurídico que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: la Ley de Extranjería.
El texto enuncia los derechos y las obligaciones fundamentales de los ciudadanos de otros países residentes en España y se entiende, como criterio interpretativo general, que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce la ley en condiciones de igualdad con los españoles. Mediante su aplicación, se quiere conocer quiénes son los inmigrantes, de dónde proceden y bajo qué condiciones entran al país.
Conviene visitar el foro ¿Cómo es la vida de un inmigrante en España? para conocer las experiencias de otros que ya emigraron.