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Impacto del 11 Septiembre
Después del 11 de septiembre de 2001, el sistema migratorio de Estados Unidos reaccionó ante la necesidad de salvaguardar los intereses de la seguridad nacional: se endurecieron las leyes y se colocaron barreras más difíciles de franquear para entrar al país en condiciones de legalidad.

Impacto del 11 Septiembre en la emigración a Estados Unidos

Sin embargo, Estados Unidos es una nación de inmigrantes, fundada bajo el principio del reconocimiento de la inmigración como un derecho de la humanidad y cuya sociedad es susceptible de gozar de las bondades económicas y sociales de los continuos flujos migratorios que históricamente han ayudado a constituir la nación norteamericana.

El más importante reto político y social que atraviesa Estados Unidos en materia de seguridad nacional consiste, precisamente, en continuar sosteniendo el principio constitucional de la tolerancia a la inmigración, venciendo los cercos invisibles que se levantaron tras la caída de las torres del “Centro Mundial del Comercio” de Nueva York.

El impacto del 11-S en el sistema migratorio de Estados Unidos y en la percepción de la sociedad estadounidense en relación con la inmigración, se pueden resumir de la siguiente manera:

Cambios profundos en la estructura burocrática de inmigración

En 2003, el Servicio de Inmigración y Naturalización (conocido en inglés como “Immigration and Naturalization Service”, INS) fue sustituido por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), luego de que la antigua oficina que administraba la extensión de visas recibiera feroces críticas tras conocerse que los terroristas que participaron en el ataque portaban visas legítimas, que probablemente nunca debieron otorgarse.

El Departamento de Seguridad Nacional rige ahora todos los asuntos concernientes a la inmigración: aduana y protección fronteriza, servicios de ciudadanía e inmigración, control y detención de inmigrantes en situación de ilegalidad, etc.

La Ley Patriótica y el aumento de la vigilancia de la población

Menos de dos meses después del ataque del 11-S, el Congreso estadounidense aprobó una controvertida ley que pasó a conocerse como la Ley Patriota, la cual amplía la capacidad del gobierno federal para vigilar a la población civil estadounidense.

El instrumento legal permite realizar escuchas telefónicas, intervenir correos electrónicos, revisar registros financieros o médicos y rastrear la propiedad de inmuebles sin notificación previa a los interesados.

La ley facilita las maniobras policiales para detener y deportar inmigrantes sospechosos de estar conectados con el terrorismo y permite un mayor control sobre los estudiantes extranjeros.

La ley ha sido duramente criticada por grupos que defienden los derechos civiles y algunas de sus disposiciones han sido reformuladas e incluso eliminadas.

Aumento de las detenciones y deportaciones de inmigrantes

Las autoridades estadounidenses, a través del servicio de aduanas e inmigración (Immigration and Customs Enforcement, ICE), han incrementado los esfuerzos por detener a los inmigrantes que se cree que representan un peligro para la sociedad.

En consecuencia, se han registrado cifras récords de capturas y deportaciones de inmigrantes y se han implementado programas como el denominado “Comunidades Seguras”, que buscan perseguir a ciudadanos con antecedentes penales.

Tan solo en 2010, el ICE deportó a más de 392 mil personas, la mitad de las cuales poseía un expediente criminal.

Creación de la Ley “Real ID” o de identificación verdadera

Esta legislación de seguridad nacional, promulgada en el año 2005 en seguimiento a la Ley Patriota, tiene como objetivo establecer normas federales para autenticación segura de licencias de conducir y tarjetas de identificación.

También incluye cambios en la duración de las visas de trabajadores temporales, medidas de caución para extranjeros encarcelados en espera de audiencias, endurecimiento de las leyes de asilo y deportación; y la exoneración de leyes que interfieran con la construcción de muros o barreras físicas en las fronteras.

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Sin embargo, partes de esta ley han sido duramente criticadas y, aunque se mantendrían las medidas de control federal de la identificación, muchas de estas regulaciones podrían ser modificadas o eliminadas.

Promulgación de la Ley de Arizona

Enmarcada dentro del deseo de detectar a los inmigrantes que se consideran un peligro para la sociedad estadounidense, fue promulgada para combatir la inmigración ilegal en ese estado fronterizo con México. La polémica ley obliga a la policía a detener e interrogar a cualquier sospechoso de ser un inmigrante ilegal.

Antes de la aprobación de esta ley, la tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración descansaba en los agentes federales, en particular en los agentes fronterizos de Arizona, cerca de 20 millones de hombres apostados a lo largo de la frontera con México.

La ley también permite a los ciudadanos exigir legalmente a las autoridades a realizar los esfuerzos necesarios para detener a inmigrantes ilegales.

Los estados de Texas y Florida intentan replicar la ley en sus respectivos territorios y grupos de derechos civiles que se oponen a la legislación denuncian otras posibles réplicas en distintos estados del país.

Surgimiento de actitudes antimusulmanas

Tras los ataques del 11-S un fuerte sentimiento de rechazo hacia la comunidad musulmana surgió en una parte de la población estadounidense.

Una encuesta realizada por el “Washington Post” y “ABC News”, en 2010, muestra que el 49% de los estadounidenses tienen una opinión desfavorable del islam, mientras que el 37% opina favorablemente.

En el 2001, luego de los ataques, se registraron en Estados Unidos 1.501 episodios de odio contra los musulmanes. El número de crímenes no ha sido tan alto desde entonces, sin embargo los casi 8 millones de musulmanes que habitan en Estados Unidos se sienten, desde entonces, en la mira del sentimiento antimusulmán.

 

 

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