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Los inmigrantes que tengan trabajo podrán pedir los papeles a principios de año
El Gobierno quiere que la reforma del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería esté acabada antes de fin de año. Los trámites para concretar el alcance de esos cambios -que permitirán regularizar a miles de extranjeros sin papeles que demuestren tener un trabajo y arraigo social- empezarán en septiembre, cuando el Ejecutivo debatirá el borrador de la futura norma con el Consejo Económico Social, órgano consejero en asuntos económicos, sociales y laborales. El objetivo es que la reforma entre en vigor, y por tanto los inmigrantes empiecen a beneficiarse de ella, a comienzos de 2005.
Con estas políticas el Gobierno quiere combatir la economía sumergida y atajar la precariedad que padecen, según sus propias estimaciones, unos 800.000 extranjeros. De paso, las regularizaciones permitirán acabar con la explotación que sufren muchos de ellos y les facilitarán el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación y el seguro de desempleo. Son inmigrantes irregulares e invisibles. Muchos de ellos trabajan de forma ilegal, por lo que el Estado deja de ingresar mucho dinero en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y con la legislación actual no pueden albergar esperanzas de conseguir los papeles.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, avanzó el lunes cómo será el proceso para conseguir los permisos de residencia y trabajo: los extranjeros deberán demostrar que ya estaban en España antes de la llegada al poder del PSOE y presentar un acuerdo de trabajo firmado con algún empresario.
Eso le dará derecho a un permiso provisional, de duración limitada, que se ampliará al tiempo que dure el contrato de trabajo cuando la Administración compruebe que existe una relación laboral estable. Si al terminar el contrato no hay una renovación, el extranjero «tendrá que volver a su país o será expulsado», explicó Rumí.
Por otra parte, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, comparecerá en septiembre en el Congreso de los Diputados para explicar sus propuestas.
Mientras, el PP sigue criticando el proyecto. El más crítico fue su secretario general, Ángel Acebes, quien señaló que la propuesta del Gobierno es «de imposible cumplimiento», y acusó a sus responsables de practicar la política de «papeles para todos, desorden y descontrol». Añadió que lo anunciado por Rumí supone «una invitación a la ilegalidad y a primarla» y «fomenta el mercado negro de contratos de trabajo».
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