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Inicio Foros ¿Cómo es la vida de un inmigrante en España? Flexibilización del requisito del empadronamiento para la regularizaci

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    Diario ABC
    martes 12 de abril de 2005

    EDICIÓN IMPRESA – Nacional

    El Gobierno abre la puerta a que los expedientes y órdenes de expulsión sirvan para lograr los papeles

    CRUZ MORCILLO, PABLO MUÑOZ/

    MADRID. El Gobierno ha decidido flexibilizar los trámites para el acceso al proceso de regularización de «sin papeles», al permitir la figura del «empadronamiento por omisión». Se trata de que aquellos inmigrantes irregulares que residían en España antes del 8 de agosto del pasado año, y que sin embargo no estaban inscritos en el padrón bien por miedo a ser localizados por la Policía o porque algunos ayuntamientos se lo impedían, puedan obtener el certificado correspondiente si presentan «documentos públicos fehacientes». En ese caso, y si cumplen con el resto de requisitos -tener un contrato de trabajo y carecer de antecedentes penales-, podrán obtener los papeles.

    Paradójicamente, con esta medida, acordada ayer en una reunión de más de dos horas celebrada por el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales -UGT, CC.OO y CEOE-, se abre la puerta a que los expedientes administrativos y las órdenes de expulsión sirvan para acogerse al «empadronamiento por omisión» y, por tanto, para obtener los papeles. Según las fuentes consultadas, ya en las regularizaciones de 2000 y 2001 muchos ilegales acudieron a la Policía para pedir sus expedientes y demostrar así el tiempo de estancia en España. «En realidad, no hay un documento más seguro que ese», afirman las mismas fuentes, aunque en el Ministerio de Trabajo un portavoz aseguraba ayer por la tarde que no se había decidido nada al respecto.

    Ya existe la figura

    El mecanismo de «empadronamiento por omisión» ya existe en el ordenamiento jurídico. Ahora lo que se va a hacer es regular qué documentos servirán para acceder a él y, por tanto, al proceso de regularización. El ministro Caldera aseguró que para que se aplique de forma homogénea y «con suficientes garantías», la propuesta se trasladará al Consejo de Empadronamiento, que será el que finalmente determine los que pueden utilizarse.

    El Consejo de Empadronamiento es un organismo colegiado en el que participa el Instituto Nacional de Estadística y la Federación Española de Municipios y Provincias, junto a los ministerios de Administraciones Públicas y Exteriores. Además de, en su caso, los ya citados expedientes y órdenes de expulsión, es probable que sirvan las tarjetas sanitarias, los visados de entrada o los contratos de alquiler.

    Las fuentes consultadas afirman que el Gobierno ha trasladado la «patata caliente» a los ayuntamientos, que tendrán que decidir en apenas un mes sobre las peticiones, una vez que se conozcan los documentos que serán válidos para beneficiarse del «empadronamiento por omisión». No hay que olvidar que el proceso de regularización finaliza el próximo mes, por lo que quizá haya que hacer alguna ampliación del plazo, aunque no hay decisión en este sentido.

    En cualquier caso, la iniciativa responde a las reiteradas peticiones de asociaciones de inmigrantes y sindicatos, del Defensor del Pueblo y del Consejo General de la Abogacía, en el sentido de poder aportar un documento distinto al certificado de empadronamiento para probar la estancia en España antes del 8 de agosto de 2004.

    Jesús Caldera, que leyó el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, subrayó que la aplicación del «empadronamiento por omisión» siempre será sobre la base de considerar que «el certificado del padrón es requisito imprescindible» para obtener los papeles.

    La Mesa de Diálogo Social valoró además «muy positivamente» el desarrollo en sus dos primeros meses del proceso de normalización a nivel organizativo y de resultados: más de 300.000 solicitudes presentadas, acompañadas de sus contratos de trabajo, lo que supone multiplicar por tres el número de peticiones del primer mes.

    Sin embargo, las fuentes consultadas creen que la figura del arraigo laboral no funciona como se preveía, porque algunos empresarios prefieren desvincular la regularización del contrato de trabajo; es decir, quieren que haya muchas personas en situación legal y luego emplearlas.

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