El gobierno socialista español estudia la posibilidad de suprimir la expulsión automática de extranjeros en situación irregular que cometan delitos penalizados con menos de seis años de prisión, anunció este lunes a una radio la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.
El objetivo es que primero cumplan la condena prevista y posteriormente sean repatriados a sus países de origen, declaró a la radio Cadena Ser.
Rumí dijo que en caso contrario «se anima a cometer pequeños delitos, y es discriminatorio respecto a los españoles».
Asimismo consideró que la normativa actual es discriminatoria con los «inmigrantes regulares, que tienen que ir a la cárcel para cumplir la pena que les corresponda y después se les expulsa».
El gobierno anterior, presidido por el conservador José María Aznar, había incluido en el Código penal, en septiembre del 2003, un artículo que obligaba a los jueces a expulsar de España a los extranjeros sin papeles condenados a menos de seis años de prisión.
El número de extranjeros en situación ilegal en España supera el millón de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del ministerio del Interior.
Más de 92.000 inmigrantes clandestinos fueron repatriados en 2003, es decir un 20% más que en 2002, según cifras oficiales.