Inicio Foros ¿Cómo es la vida de un inmigrante en Canadá? Despedidos de Pdvsa emigran convencidos de que son perseguidos

Este debate contiene 2 respuestas, tiene 1 mensaje y lo actualizó   Invitado MQI hace 14 años, 8 meses.

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    Invitado MQI
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    Despedidos de Pdvsa emigran convencidos de que son perseguidos
    El Nacional – David González

    Una diáspora de antiguos empleados de la corporación, separados de sus cargos luego del paro petrolero ocurrido entre 2002 y 2003, ha salido del país y ha enfrentado suertes disímiles. Denuncian acosos y restricciones a sus derechos laborales. En Canadá han solicitado refugio, mientras que en otras naciones como Estados Unidos y México han encontrado nuevos horizontes

    En la época invernal la temperatura en Fort McMurray puede descender a menos 40 grados centígrados.

    La inclemencia estacionaria convierte a esa localidad ubicada al noroeste de la provincia de Alberta, en Canadá, en una alfombra de nieve que contrasta con el caluroso ambiente de trópico de los campos petroleros venezolanos. Es un paraje glacial que constituye la cabecera de la municipalidad de Wood Buffalo, región caracterizada por la existencia de depósitos de arena de los cuales puede extraerse petróleo pesado. Fue en ese poblado, ubicado a miles de kilómetros de distancia de la faja del Orinoco, donde Pedro Antonio Mujica recaló en septiembre de 2004 junto con su esposa y su pequeña hija.

    En Fort McMurray puso punto y final a un periplo por América del Norte que había comenzado en junio de 2003, tres meses después de que su nombre apareció publicado en un aviso de prensa en el cual fue notificado de su despido de Petróleos de Venezuela. Luego de casi un año y medio de búsqueda, Mujica, ingeniero mecánico de 30 años de edad, había alcanzado finalmente en la población de Alberta un empleo dentro una compañía petrolera local. La empresa le confió la asignación de velar por la seguridad de las operaciones de una planta industrial. En la agenda del ex empleado de la corporación estatal, están incluidas tareas como analizar los riesgos de la instalación y verificar los parámetros para el normal desarrollo de los procesos.

    Ninguna de esas actividades era ajena a las que ya había ejercido en su antiguo empleo en la unidad de explotación de crudos extrapesados del Centro Operacional Bare de Pdvsa, ubicado Anzoátegui. Mujica se exiló del país convencido de que no encontraría espacio para él y su familia en un contexto político como el que se generó después de la paralización de la industria petrolera ocurrida entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.

    El paro, alentado por opositores al Gobierno, se había trazado el objetivo de presionar al presidente Hugo Chávez para que aceptara medirse en un referéndum consultivo sobre su gestión. Y se había convertido en la válvula de escape de los empleados que consideraban que la política partidista permeaba en la corporación estatal. La protesta –según sus adherentes– incluyó la entrega asegurada de las unidades operativos. Sin embargo, el jefe del Estado y sus seguidores señalaron que la protesta constituyó un sabotaje masivo que había provocado daños en las instalaciones de Pdvsa y víctimas fatales presuntamente ocasionadas por la escasez de combustible. Todo derivó en el despido masivo de aproximadamente 20.000 trabajadores con los argumentos, entre otros, de que los botados abandonaron sus cargos y actuaron con falta de probidad.

    Visa de turista

    Mujica, luego de conocer la noticia de su despido, no esperó mucho tiempo para viajar con su familia a Estados Unidos. Llevaban visas de turistas que tenían vigencia por seis meses. Poco antes de que los documentos caducaran, el ingeniero y su esposa idearon un plan de acción que después pusieron en práctica: cruzar la frontera hacia Fort Erie, Canadá, para pedir refugio político en ese país. El ex empleado de Pdvsa llevaba consigo un dossier en el cual reposaban los recaudos con los que planeaba demostrar que formaba parte de un grupo que era perseguido y discriminado en Venezuela: “Hay documentos internos donde se señalan los nombres de quienes podían pasar y quienes no a las instalaciones del centro. Fui víctima de una vejación, se atentó contra mis derechos laborales”.

    Parte del caso presentado ante los oficiales del Inmigration and Refugee Board –tribunal independiente que procesa al año más de 50.000 solicitudes de refugio– refería a las circunstancias del paro de 2002. Mujica afirma que no fue uno de los promotores de la acción y que participó hasta finales de diciembre de ese año en los planes de contingencia desarrollados por la unidad para la cual trabajaba. A comienzos de enero tomó –según explicó– varios días libres: los sus vacaciones anuales se sumaron a los correspondientes al permiso legal por el nacimiento de su hija. “Ni siquiera estaba en el trabajo cuando sacaron mis cosas de la oficina”.

    Una llamada telefónica que le realizaron en febrero, días antes de reincorporarse, hizo a Mujica definir su posición: “Fue como una extorsión. Me preguntaron si estaba a favor o en contra del gobierno. Me dijeron que pensara en mi familia porque podía quedar en la calle. Al escuchar eso, decidí no reintegrarme. No nací para vivir de rodillas”.

    Un incidente violento ocurrido meses después en El Tigre posteriormente lo empujó a pensar en salir del país: “Nos mandaron a los círculos bolivarianos para que nos agredieran en una manifestación”.

    Mientras los jueces decidían sobre la petición de refugio, el estado canadiense le brindó asistencia financiera a Mujica para que pudiera sobrevivir en ese país. El ingeniero trabajó como mesonero e instalador de aires acondicionados para completar la pensión que le asignaron a él y su familia. Además, aprovechó el tiempo buscando un empleo que finalmente obtuvo. La respuesta a la solicitud de refugio fue finalmente negativa, pero el ex empleado de Pdvsa no apeló. Sus nuevos empleadores le ayudaron a completar los trámites de inmigración para que ejerciera su profesión en Canadá. Los jueces, entre otros elementos, se mostraron incrédulos frente a los argumentos según los cuales una persona como Mujica no podía trabajar dentro de su país.

    En la expectativa

    Si bien al ingeniero mecánico le sonrió la fortuna, otros ex empleados de Pdvsa que se hallan en Canadá aún esperan por mejores tiempos.

    Dennys Ravenstein, quien fuera jefe de prevención y control de incendios en Pdvsa Occidente, y Jesús Maldonado, quien ocupó el cargo líder de planificación de transporte terrestre en la misma filial, se encuentran en London, Ontario. Ambos introdujeron las peticiones de refugio político y recibieron respuestas negativas. “Creen que a pesar de todo, no hay pruebas imparciales de que somos perseguidos”, dijo Ravenstein. Mientras él y Maldonado sobreviven con la ayuda económica y social del estado canadiense, los dos aguardan por los resultados de sus apelaciones ante las autoridades de inmigración de ese país y hacen votos por la mejora de las perspectivas laborales.

    Ravenstein es un ingeniero químico con posgrado en seguridad e higiene de la Universidad de Los Andes. Trabajó durante 17 años en la industria petrolera y a finales de 2002 había sido recién ascendido al cargo de jefe de control de incendios.

    “Yo participé en los planes de contingencia de la empresa. Pero cuando salía de mi trabajo me unía a todo tipo de marchas y manifestaciones”, explicó. Ahora, con 43 años de edad, trabaja en un call center (centro de llamadas) para complementar la pensión estatal asignada a los solicitantes de refugio. Y Maldonado, de 52 años de edad, es un ingeniero naval que hizo una carrera de más de dos décadas en Pdvsa.

    “Mi esposa también trabajaba en la industria. Participamos en el paro obedeciendo cada uno a su opinión”, señala. Como líder de planificación de transporte terrestre en Pdvsa Occidente, se encargaba de delinear las estrategias de mantenimiento a corto y mediano plazo de una flota de 2.400 unidades.

    El especialista en seguridad e higiene asevera que en 2002 dejó de presentarse en su trabajo cuando se lo impidieron efectivos de la Guardia Nacional que habían tomado la sede de Pdvsa Occidente. A partir de entonces, participó activamente en las protestas públicas que duraron mucho más allá del propio paro.

    Los relatos de Ravenstein y Maldonado coinciden en que la presión política progresivamente subió en la costa oriental del lago propósitos de esos hechos. “Había partidarios del gobierno que estaban permanentemente en la entrada del campo Lagunillas, donde vivíamos.

    En julio de 2003 entraron y causaron destrozos. Eso fue una madrugada de horror. Por cosas como esas llegamos a la conclusión de que ya no teníamos cabida en nuestro propio país”, dijo Ravenstein.

    Las dificultades para obtener empleo también incidieron en la decisión de los dos compañeros de Pdvsa Occidente de salir del país.

    “Luego de que me despidieron, intenté buscar trabajo en numerosas empresas de Venezuela que disponen de flotas de vehículos. Pero nadie quería contratarnos, no nos respondían”, dijo Maldonado. El ex jefe de control de incendios afirmó que luego de una entrevista de trabajo con una contratista de una empresa de electricidad estatal se le informó verbalmente que no podía ser empleado por haber sido despedido de Pdvsa.

    Los ex trabajadores petroleros confirmaron las sospechas de que existen instrucciones para impedir la contratación de personal retirado de la industria cuando tuvieron acceso, en mayo de 2003, a una carta atribuida a un gerente de la corporación y en la cual se solicita a las empresas Ameriven, Petrozuata, Sincor y Cerro Negro –socias de Pdvsa para el procesamiento de crudo pesado de la faja del Orinoco– no emplear a personas que se plegaron al paro. Sin embargo, voceros de otras empresas operadoras y prestadoras del servicios vinculadas al sector petrolero negaron haber recibido alguna vez presiones del Gobierno en sus políticas de recursos humanos.

    En Canadá –calculan los ex empleados de Pdvsa– hay más de 40 familias de trabajadores despedidos de la corporación que tramitan refugios. Sobre el dato se consultó a la embajada en Caracas: el portavoz de la legación, Michael Harvey señaló que los jueces de inmigración son independientes del gobierno y que, en todo caso, la ley protege el anonimato de toda petición de refugio en cualquiera de sus fases.

    Las corrientes migratorias, a pesar de todo, ha sido alimentada por empresas canadienses empeñadas en captar personal despedido de Pdvsa. En el diario Financial Post se relató el caso de la compañía Suncor de Fort McMurray que publicó avisos de prensa dirigidos a los ex empleados venezolanos. Algunos –como se apuntaba en la publicación– ya se han mudado a Canadá: entre ellos César Mogollón (ingeniero eléctrico), Ana Sánchez (ingeniero químico) y Mario Ochoa (ingeniero mecánico) forman parte de la oleada de personas que encontraron fuera del país horizontes que se agotaron después del paro.

    “Nos da lástima producir riqueza para otros países”

    Los trabajadores despedidos de Petróleos de Venezuela luego de los sucesos ocurridos entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, han encontrado nuevos emplazamientos en los rincones más improbables del planeta. Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Grecia, Arabia Saudita y México, por citar sólo algunos países, se han convertido en receptores de ese recurso humano. En la ciudad mexicana de Reynosa está Ricardo Salom, ingeniero petrolero que fue superintendente de Control y Gestión de la Gerencia de Subsuelo de Pdvsa Occidente. En la corporación venezolana tenía la responsabilidad de supervisar los procesos de rehabilitación de los pozos para evitar la declinación de su producción.

    Salom –quien trabajó durante 20 años en la petrolera estatal– asegura que estaba de vacaciones cuando comenzó el paro.

    En enero de 2003 intentó entrar en el edificio donde trabajaba en Lagunillas, pero, según afirma, la Guardia Nacional se lo impidió.

    “Después de haber sido botado, toqué varias puertas de distintas empresas relacionadas con el sector petrolero. Nunca mostraban nada por escrito, pero hubo voceros que contacté que me dijeron que no podían contratarme por ser despedido de Pdvsa. Lo interpreto como una retaliación”, declara Salom, quien antes de salir del país se dedicó, temporalmente, a vender globos para piñaterías. En la actualidad, el ingeniero trabaja para una firma donde cumple funciones análogas a las que tuvo en el país.

    Reinaldo Michelena, quien fue gerente de Caracterización y Delineación de Yacimientos de Intevep, no tardó, a principios de 2003, en activar los contactos internacionales que lo llevaron a una empresa en Denver, Colorado, donde actualmente trabaja. Michelena –según sus palabras– fue un activo participante del paro petrolero. En el cargo que ejerció en Pdvsa tenía bajo su responsabilidad a un equipo multidisplinario de 90 personas.

    Michelena hizo un doctorado en Geofísica en la Universidad de Stanford, institución que lo contactó para que liderara un proyecto de investigación en su área de competencia.

    Al ex gerente, sin embargo, le pareció más atractiva la oferta de una pequeña, pero altamente especializada, compañía dedicada precisamente a la descripción de pozos petroleros. “Estuve 18 años en Pdvsa y es una verdadera lástima que ahora produzca riqueza para otros países”.

    Andrés Terán ocupó hasta comienzos de 2003 la gerencia de Proyectos de la planta de remodelación catalítica del Complejo Refinador Paraguaná, ubicado en Punto Fijo, estado Falcón. Es un especialista en la aplicación de un método ideado por Intevep para producir gasolina a partir de materiales residuales.

    Se unió al paro que comenzó en diciembre de 2002, por lo cual fue despedido de Pdvsa. Asegura que después de ser separado de su cargo, se dedicó intensivamente a ayudar a compañeros en la búsqueda de empleos. Luego consiguió trabajo para sí mismo en una empresa estadounidense vinculada al negocio petrolero. En ésta ascendió hasta ocupar un escalafón semejante al que tenía en la estatal antes de ser despedido.

    Trabaja en un país que prefiere no revelar y al cual no puede llevar a su familia por ser considerado territorio “no seguro”. “Me da tristeza al escuchar cuando nos llaman terroristas. También es triste generar dividendos riquezas para otra nación. Espero regresar alguna vez a Venezuela, cuando las condiciones estén dadas”.

    Sergio Cigüela, quien era asesor mayor de productividad de pozos en Intevep y acumulaba 22 años de experiencia en Pdvsa, luego de su despido fundó una compañía consultora que ahora presta servicios en países como Malasia, Ecuador, México, Ucrania y Grecia. En esta última nación está Cigüela en un contrato que tendrá un año de duración.

    FERNÁNDEZ: LA HONESTIDAD NO EXISTE EN LA PETROLERA

    El dirigente de la organización Gente del Petróleo Juan Fernández señaló que los recientes despidos por corrupción de gerentes de Pdvsa Occidente constituyen la punta del iceberg de las irregularidades existentes en el manejo de la empresa.

    Fernández –quien envió un mensaje desde un lugar que no reveló– dijo que con los despidos masivos realizados a principios de 2003 se afectaron áreas clave de la corporación, como Finanzas, Contraloría y Suministro, en las que duda que exista un manejo limpio.

    “Como saben, las razones fundamentales para alzar nuestra voz de protesta como ciudadanos fueron defender los principios y valores, la meritocracia y la no politización de la industria, creo que todos debemos recordarlo.

    Pero además, esos principios y valores incluyen, entre otros, la honestidad, y evidentemente ésta no existe en Pdvsa”.

    #205043

    Invitado MQI
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    En la pagina del Immigration and Refugee Board del Gobierno de Canada aparece lo siguiente en relacion al tema

    [url]http://www.irb-cisr.gc.ca/en/research/ndp/ref/?action=view&doc=ven42695fe[/url]

    #205044

    Invitado MQI
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    VEN42695.FE 21 May 2004
    Venezuela: Current situation of employees of the state oil company Petróleos de Venezuela (PDVSA) who were discharged following their participatipaion in strikes during December 2002 and April 2003; work reintegration; access to the public service and the private sector; whether private companies are instructed not to hire workers fired by PDVSA; remedies undertaken by unions to reinstate strikers in their former positions; whether strikers are targeted by harrassment

    Research Directorate, Immigration and Refugee Board, Ottawa

    In January 2003, the daily El Universal reported that Juan Fernández, the President of Petroleum People (Gente del Petróleo), a Venezuelan organization that represents the employees dismissed by the state oil company Petróleos de Venezuela (PDVSA) (Country Reports 2003 25 Feb. 2004, Sec. 2.b), refused PDVSA’s offer to rehire the fired workers, and said that [translation] "freedom cannot be negotiated" (El Universal 16 Jan. 2003). Fernández also said that PDVSA had published a list of the dismissed employees’ names in the national newspapers (ibid.; BBC Mundo 10 Feb. 2003). According to an article published by BBC Mundo, Fernández and Horacio Medina, another spokesperson for the employees, were also on the list (ibid.).

    In February 2003, The Economist and Agence France Presse (AFP) reported that the Venezuelan President, Hugo Chávez, had refused to rehire the strikers who had been laid off (The Economist 8 Feb. 2003; AFP 9 Feb. 2003). Chávez was also reported to have had every intention of taking the strikers to court (ibid.). BBC Mundo noted that Chávez believed that a large number of the fired workers [translation] "should go to jail" (10 Feb. 2003). That same month, several PDVSA employees asked the National Assembly to block a motion to dismiss 9,000 more strikers who were accused of [translation] "acts of sabotage," according to BBC Mundo (10 Feb. 2003). Energy and mines minister Rafael Ramirez said "the government will not countenance an amnesty for strikers (though it will consider the reinstatement of people who were ill, or on leave, at the time of the strike)" (Latin American Weekly Report 11 Feb. 2003).

    On 27 February 2003, AFP reported that a court had ordered the arrest of six former PDVSA executives because they had organized the December 2002 strike. Among the six managers were Juan Fernández, Horacio Medina and Edgar Quijano (AFP 27 Feb. 2003). According to their lawyer, the arrest was made [translation] "on political rather than legal grounds" (ibid.). Latin American Regional Reports noted that an arrest warrant was issued against seven former PDVSA managers, who "were accused of sabotage and damage to property" (4 Mar. 2003). Latin American Weekly Report indicated that a Caracas appeals court dismissed the arrest warrants on 18 March 2003 because of "violations of due process, the norms of competence, the rights of the accused, the right to defence and the absence of jurisdictional control" (25 Mar. 2003).

    On 13 March 2003, approximately 50 discharged employees held a demonstration in front of the Embassy of France in Caracas to express their dissatisfaction with French companies working with PDVSA (AFP 13 Mar. 2003).

    In May 2003, El Universal reported the creation of the Funds for Resistance (Fondo de Resistencia), an organization formed by some 18,000 fired PDVSA workers that apparently offers employment projects in the oil industry, as well as financial aid to families who have been the most seriously affected by the lay-offs, because some have had trouble paying for basic medial care (30 May 2003). The association was to offer its management expertise in the oil industry to about 45 companies (El Universal 30 May 2003). With this initiative, 3,424 former employees were to benefit from medical insurance with a private company at an affordable price; furthermore, 21,000 kilograms of food was distributed to the most needy families (ibid.). El Universal indicated that the association is entirely funded by donations and the income earned by members of the Funds for Resistance (ibid.). Members number approximately 5,000 and must contribute 24,000 bolívares per month (ibid.), or about CAN$17 (Bank of Canada 21 May 2004).

    El Universal reported that five employees who were laid off by PDVSA have died as a result of their difficult financial situation; four committed suicide, and the fifth was killed by members of organized crime while working as a taxi driver to make ends meet (30 May 2003). Most of the employees dismissed were executives (Latin American Weekly Report 11 Feb. 2003).

    According to an EFE News Service article, former PDVSA employees and pro-government demonstrators clashed in July 2003 in the State of Zulia, in western Venezuela (EFE 11 July 2003). PDVSA asked the courts to forcibly evict strikers from the company’s housing complex (AP 22 July 2003). A spokesperson for Petroleum People (Gente del Petróleo), Edgar Paredes, said that armed men "were trying to violently evict the former oil workers from company-owned housing" (EFE 11 July 2003). A pro-Chávez demonstrator said that "since the former workers had been fired from the company, they should vacate the firm’s housing units" (ibid.). According to Paredes and Froilan Barrios, a representative of the CTV, the largest union in Venezuela, "the national guard had ‘illegally’ arrested between 14 and 17 people" in the commotion (ibid.). The Associated Press (AP) reported that in several housing complexes, such as Tia Juana, Cardon and Amuay, fired employees were fighting not only "eviction from their homes at the hands of the National Guard and Chávez activists," but also the possibility that their children will be "yanked out of company schools" (22 July 2003). AP indicated that during a demonstration in Tia Juana, Chávez supporters "shouted epithets and waved rocks" at fired workers (AP 22 July 2003).

    The AP also mentioned that Unapetrol, a union founded by strikers, had petitioned the courts to reinstate fired workers who had not received any severance pay and had had their pensions and savings accounts frozen (ibid.). Furthermore, the publishing of strikers’ names has made it very difficult for them to secure other employment (ibid.).

    On 20 July 2003, the Weekly News Update on the Americas reported the death of a striker who had been fired from PDVSA; he was shot dead by a National Guard soldier during a demonstration in the State of Anzoategui, in which protesters demanded the rehiring of some 18,000 fired PDVSA workers.

    In accordance with the Labour Act, PDVSA President, Alí Rodríguez Araque, announced on 11 August 2003 that fired workers would not lose any of their benefits (El Universal 11 Aug. 2003). However, Araque also said that former employees were to vacate housing properties belonging to PDVSA (ibid.). A few days later, on 14 August 2003, El Universal reported that benefits for the fired workers would be cancelled.

    According to Weekly News Update on the Americas, "[s]ome 400 National Guard soldiers and 50 state police agents used tear gas and rubber bullets . . . as they evicted fired oil workers and their families from houses belonging to Venezuela’s national oil monopoly, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA)," in Punto Fijo, State of Falcon (28 Sept. 2003). The Venezuelan Program of Action and Education in Human Rights (Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA), a non-governmental organization (NGO), "called for an end to violent evictions" (Weekly News Update on the Americas 28 Sept. 2003). In November 2003, El Universal published an article on the PDVSA’s decision to postpone evicting former employees until the following year (26 Nov. 2003). According to this newspaper, several fired workers believe that they have the right to continue living in PDVSA houses because litigation cases against the oil company are still pending (El Universal 26 Nov. 2003).

    On 15 May 2004, a representative of PROVEA provided the following information in correspondence sent to the Research Directorate.

    Some fired PDVSA workers, particularly those who made public statements or held senior public service positions, face [translation] "real difficulties" in finding employment in the public sector because of the [translation] "unofficial veto" against hiring them in the public service. The representative did note, however, that the situation is less difficult for other fired workers, but, according to him, the situation in Venezuela is such that anyone who signs a statement against a member of the political opposition will find it difficult to secure employment in the private sector, and anyone who signs a statement against the Venezuelan president will find it difficult to secure employment in the public service. Much depends on whether a person has signed the petition to impeach President Chávez.

    The PROVEA representative indicated that some private companies involved in the oil industry have been instructed not to hire fired PDVSA workers. However, he had heard of cases of employees being hired in the private sector, in the electrical power sector in Caracas, for example.

    The PROVEA representative concluded by stating that a handful of fired PDVSA workers were victims of acts of [translation] "repression or violent evictions from houses belonging to PDVSA," and he noted that strikers were not targeted by ill-treatment, except in [translation] "very isolated" cases.

    This Response was prepared after researching publicly accessible information currently available to the Research Directorate within time constraints. This Response is not, and does not purport to be, conclusive as to the merit of any particular claim for refugee protection. Please find below the list of additional sources consulted in researching this Information Request.

    References

    Agence France Presse (AFP). 13 March 2003. "Manifestation d’ex-employés de PDVSA devant l’ambassade de France à Caracas." (Courrier AFP)

    _____. 27 February 2003. "Un tribunal ordonne l’arrestation de six ex-dirigeants grévistes de PDVSA." (Courrier AFP)

    _____. 9 February 2003. "Pas de réintégration des grévistes du pétrole, la production à 2 millions." (Courrier AFP)

    Associated Press (AP). 22 July 2003. Christopher Toothaker. "Violence Escalates as Venezuela’s Fired Oilmen Fight Eviction from Company Housing." (Dialog)

    Bank of Canada. 21 May 2004. Currency converter.
    <http://www.bankofcanada.ca/cgi-bin/famecgi_fdps&gt; [Accessed 21 May 2004]

    BBC Mundo. 10 February 2003. "PDVSA: despedidos piden ayuda."
    <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/
    newsid_2746000/2746967.stm> [Accessed 14 May 2004]

    Country Reports on Human Rights Practices for 2003. 25 February 2004. United States Department of State. Washington, DC. <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27923.htm&gt; [Accessed 13 May 2004]

    The Economist. 8 February 2003. "No End to the Pain." (NEXIS)

    EFE News Service. 11 July 2003. "Chávez Supporters Clash with Fired Oil Workers." (Dialog)

    Latin American Regional Reports: Andean Group. 4 March 2003. "Chávez Uses his Upper Hand to Strike Back at the Opposition." (NEXIS)

    Latin American Weekly Reports. 25 March 2003. "Venezuelan Courts Free Opposition Leaders in Display of Independence." (NEXIS)

    _____. 11 February 2003. "Opposition Revives as Oil Recovery Slows; Terms of Constitutional Amendment Unveiled." (NEXIS)

    Programa venezolano de educación-acción en derechos humanos (PROVEA). 15 May 2004. Correspondence from a representative.

    El Universal [Caracas]. 26 November 2003. "Venezuela: PDVSA Suspends Evictions from Corporate Residences Until Next Year." (FBIS-LAT-2003-1126 28 Nov. 2003/WNC)

    _____. 14 August 2003. Gustavo Mendez. "CTV insta a petroleros a no exigir pago de prestaciones."
    <http://www.eluniversal.com/2003/08/14/14164BB.shtml&gt; [Accessed 14 May 2004]

    _____. 11 August 2003. "Despedidos de PDVSA recibirán sus prestaciones sociales."
    <http://www.eluniversal.com/2003/08/11/11116FF.shtml&gt; [Accessed 14 May 2004]

    _____. 30 May 2003. Eduardo Camel Anderson. "Despedidos de PDVSA constituyen nueva estructura gerencial."
    <http://www.eluniversal.com/2003/05/30/30162CC.shtml&gt; [Accessed 14 May 2004]

    _____. 16 January 2003. "Juan Fernández: Están ofreciendo amnistía a empleados de PDVSA."
    <http://www.eluniversal.com/2003/01/16/16012003
    _43860.html> [Accessed 13 May 2004]

    Weekly News Update on the Americas. 28 September 2003. "Venezuela: Ex-Oil Workers Evicted." (Nicaragua Solidarity Network of Greater New York)

    _____. 20 July 2003. "Venezuela: Oil Worker Killed in Protest." (Nicaragua Solidarity Network of Greater New York)

    Additional Sources Consulted

    Attempts to contact Gente del Petróleo and the Organización no gubernamental para la protección y promoción de los derechos humanos (COFAVIC) were unsuccessful.

    Internet sites, including: Amnesty International (AI), European Country of Origin Information Network (ECOI), Freedom House, Human Rights Watch (HRW), El Mundo, U.S. Committee for Refugees, World News Connection (WNC).

    Publications: Latin American Politics and Society.

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