Buena nueva para los nietos de Españoles

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ANTEPROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LOS
CIUDADANOS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR
EXPOSICION DE MOTIVOS
I
La emigración española ha constituido un fenómeno político, social y
económico que ha caracterizado nuestra historia desde la segunda mitad del
siglo XIX hasta más allá de mediados del siglo XX.
Las primeras leyes sobre la emigración, que datan de 1907 y 1924, nacieron
con el mero objetivo de proclamar la libertad de emigración y de velar por los
desplazamientos de los españoles al extranjero, sin que se contemplasen
medidas específicas de protección una vez instalados en el país de acogida.
Como consecuencia de la Guerra Civil española, a partir de 1939, comienza a
producirse un éxodo de refugiados políticos y una emigración de carácter
económico a los países de Hispanoamérica, motivada por las duras
circunstancias de la posguerra que se viven en España y atraída por las
buenas perspectivas de trabajo y el mayor nivel de vida derivado del
crecimiento económico existente en esos países .
La Ley 93/1960, de 22 de diciembre, de Bases de Ordenación de la Emigración
y el Decreto-ley 1000/1962, de 3 de mayo, que aprueba el Texto articulado de
dicha Ley, marcan un cambio de criterio en el enfoque de la corriente
migratoria.
Las razones de este cambio obedecen a la necesidad de regular la emigración
de la población española que, a partir de 1959, comienza a producirse,
fundamentalmente, hacia los países europeos más desarrollados, y que se
mantendrá con un crecimiento sostenido hasta 1967.
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Los factores que determinan este desplazamiento masivo de trabajadores al
exterior son, por una parte, el notable incremento demográfico de España que
provoca un excedente de mano de obra que las estructuras económicas,
basadas en una economía rural y de escasa industrialización no pueden
absorber y, por otra, la expansión industrial y el crecimiento económico de los
países europeos.
La emigración de la década de los años sesenta, junto con la de las décadas
anteriores, tuvo efectos beneficiosos, tanto para el trabajador, que tenía la
posibilidad de obtener un empleo bien remunerado y de mejorar su
cualificación profesional y sus condiciones de vida, como para el crecimiento
económico de España, ya que la entrada de divisas enviadas por los
emigrantes permitieron sufragar parte del déficit comercial y equilibrar la
balanza de pagos, facilitando las importaciones de bienes de equipo destinados
a la modernización de las empresas. Esta situación contribuyó en gran medida
a la expansión industrial de España en las décadas de 1960 y 1970.
La última Ley en materia de emigración ha sido la Ley 33/1971, de 21 de julio,
que si bien continúa orientada al fomento de la emigración, introduce la
novedad de poder acogerse a planes, operaciones y programas para facilitar el
desplazamiento y el acceso al empleo en el país de acogida. Esta Ley
introducía, igualmente, ayudas de carácter social, educativo y cultural, así
como medidas dirigidas a la formación profesional e integración laboral tanto
para los emigrantes, como para los retornados.
Junto a las actuaciones desarrolladas desde el ámbito público, ha de
destacarse el importante papel desempañado por los centros y asociaciones
de emigrantes. El movimiento asociativo, creado por los españoles en los
países de acogida, con el objetivo fundamental de la asistencia y socorro
mutuo, constituye hoy en día un instrumento vertebrador de las comunidades
de españoles en el exterior, imprescindible para canalizar y materializar las
actuaciones de apoyo y atención desarrolladas por las distintas
Administraciones Públicas a favor de los españoles en el exterior y de los
retornados.
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Con esta breve reseña sobre la evolución de la emigración española y su
reflejo en las distintas normas legales, cabe añadir, por último, que a partir de
finales de la década de los 70 comenzó a producirse un fenómeno de signo
contrario al de la emigración: el regreso o retorno de los españoles emigrantes
a nuestro país, debido, en gran medida, a la recesión económica que sufre
Europa en los años 70, así como a la crisis económica que atraviesan
determinados países de Hispanoamérica; afortunadamente, este proceso tiene
lugar en un contexto económico favorable para España.
II
En la actualidad nos encontramos con un hecho incuestionable, herencia en
gran parte de nuestra emigración, que supone la existencia de más de un
millón de españoles y sus descendientes que residen fuera del territorio
español y que por su condición y características peculiares exigen un
tratamiento específico por parte del Estado que permita, en cumplimiento del
artículo 14 de la Constitución Española de 1978, garantizar a los españoles
residentes en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales
en condiciones de igualdad con los residentes en España, con el compromiso
de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para remover los
obstáculos que impidan hacerlos reales y efectivos.
El Estatuto constituye el marco básico para establecer el deber de cooperación
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como los mecanismos
necesarios para la coordinación de sus actuaciones, en colaboración con la
Administración Local, con los agentes sociales y con las organizaciones y
asociaciones de emigrantes y retornados.
Por otra parte, en cumplimiento del artículo 42 de la Constitución, se hace
preciso establecer una política integral de emigración y de retorno para
salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores
españoles en el exterior y para facilitar la integración social y laboral de los
retornados, cuya regulación básica se establece en el presente Estatuto.
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En este sentido, el Estatuto configura, en materia de retorno, el marco de
cooperación de las Administraciones Públicas que permita coordinar sus
actuaciones para un mejor y más eficaz aprovechamiento de los recursos
públicos, garantizando el regreso a España en las condiciones más favorables.
El Estatuto pretende dar respuesta a las reiteradas demandas realizadas desde
los distintos sectores de la emigración y del retorno. Por ello, en el proceso de
su elaboración se han valorado especialmente las aportaciones y propuestas
efectuadas por representantes del mundo de la emigración, tanto de los
miembros del Consejo General de la Emigración, como de los representantes
de las organizaciones y asociaciones de emigrantes en el exterior y de
retornados.
La participación de las asociaciones en la confección del Estatuto, así como la
preceptiva consulta al Consejo General de la Emigración, dotan al Estatuto de
la legitimidad necesaria en una norma de estas características, garantizando su
adecuación a las necesidades actuales de todos los españoles que se
encuentran fuera de nuestro territorio, así como a los que han decidido regresar
y precisan una atención especifica.
En la actualidad, los movimientos migratorios teniendo en cuenta, por un lado,
el ejercicio del derecho a la libre circulación en el contexto de Unión Europea, y
por otro lado, la globalización de la economía, han alcanzado una dimensión y
una significación distinta. En los países desarrollados, en los que el Estado
satisface las necesidades básicas de sus ciudadanos, el desplazamiento a otro
país responde a motivaciones de distinta índole que persiguen ampliar las
expectativas personales y profesionales y, en definitiva, mejorar la calidad de
vida. Por ello, el ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto engloba a todos los
españoles en el exterior, tanto a los emigrantes, como a los desplazados y a
los familiares de ambos.
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III
El Estatuto se dicta al amparo del artículo 149.1.2ª de la Constitución española
de 1978 que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
emigración.
El Estatuto comprende cuatro Títulos, tres disposiciones adicionales, una
disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.
El Título I determina el objeto y la finalidad del Estatuto. El Estatuto se
configura como el marco jurídico que garantiza a los ciudadanos españoles
residentes en el exterior el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales
en términos de igualdad con los españoles residentes en España. Además, el
Estatuto tiene como finalidad delimitar las líneas básicas de la acción
protectora del Estado dirigidas a los españoles residentes en el exterior y fijar el
marco de cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en este sentido.
El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley contempla la actual situación del
movimiento migratorio y del retorno, superando el tradicional concepto de
emigración recogido en la Ley 33/1971, de 21 de julio.
Por último, el Título I relaciona una serie de objetivos en aras a garantizar el
ejercicio de los derechos y deberes de los españoles residentes en el exterior,
en condiciones de igualdad con los residentes en España, atender y desarrollar
actuaciones en materia de retorno y promover y fomentar el movimiento
asociativo de los españoles en el exterior y la participación institucional en
materia de emigración. Junto a ello se establecen los mecanismos más
adecuados para la cooperación y coordinación de las Administraciones
Públicas en este sentido.
El Título II comprende una relación sistemática de derechos de los españoles
que residen en el exterior, formulando, a su vez, una serie de medidas y
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mecanismos que hagan efectivo el ejercicio de los referidos derechos y su
materialización en determinadas prestaciones. Este Título comprende tres
capítulos:
El Capítulo I recoge los derechos civiles y de participación: derecho a ser
elector y elegible, asistencia y protección de los españoles en el exterior,
derecho de petición, de acudir al Defensor del Pueblo y de información,
derecho a la participación en órganos representativos de la emigración y
derecho de asociación.
Dentro de estos derechos se ha de destacar, el artículo referido al derecho a
ser elector y elegible, en particular, en lo que respecta al voto en urna, así
como el derecho a la participación y de asociación, que reflejan la voluntad de
fomentar un asociacionismo integrador y constructivo, fomentando la
coordinación de actuaciones entre Administraciones Públicas en aras a un
mejor y más eficaz aprovechamiento de los recursos públicos, asimismo se
prevé el establecimiento de un censo de asociaciones y centros radicados en el
exterior que contenga la inscripción de aquellas que sean conformes con el
reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades que contempla la
Constitución Española.
El Capítulo II, recoge derechos sociales y prestaciones: derecho a la protección
de la salud, derechos en materia de Seguridad Social y prestaciones por razón
de necesidad, servicios sociales para mayores, acciones de información socio-
laboral y orientación y participación en programas de formación profesional
ocupacional y derechos en materia de empleo y ocupación.
En este capítulo cabe destacar la redacción sobre el derecho a la protección de
la salud, que constituye un objetivo prioritario en la acción exterior del Estado,
así como las previsiones sobre Seguridad Social y prestaciones.
Efectivamente, se trata de recoger, entre otros aspectos, el compromiso de
avanzar en la conservación de los derechos en la materia y de perfeccionar los
mecanismos de protección existentes, sobre todo para las personas mayores,
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incorporando la asistencia sanitaria en sentido amplio (sanitaria, geriátrica,
medicamentos, etc.). Por ello se introduce la prestación por razón de
necesidad, como un nuevo concepto que engloba la pensión asistencial por
ancianidad, regulada en su normativa específica, junto con la asistencia
sanitaria, dado que a la vista de la evolución actual de estas pensiones se
precisa modificar su regulación, para su mejor adaptación a las necesidades
reales de sus potenciales beneficiarios.
Junto a ello, se ha de mencionar la necesaria regulación sobre los aspectos
relativos al empleo (información, orientación, formación, etc.), dentro de una
concepción amplia que abarque a todos los españoles en el exterior y
retornados, especialmente aquellos considerados más vulnerables (jóvenes y
mujeres con dificultades de inserción laboral)
El Capítulo III, contempla los derechos relativos a la educación y a la cultura:
derecho a la educación, homologación, convalidación y reconocimiento de
títulos y estudios extranjeros, lenguas y cultura españolas. Los derechos que
recoge este capítulo constituyen un todo que persigue, en definitiva, mantener
los vínculos de los españoles en el exterior con España, tanto para aquellos
que residen fuera, como, especialmente, para aquellos que deciden regresar.
Ha de señalarse que los derechos y prestaciones que se mencionan estaban
en alguna medida establecidos, si bien su regulación se encontraba en normas
dispersas y de rango inferior, por lo que con el presente Estatuto se pretende
consolidar su ejercicio, dotándoles de una dimensión real y efectiva al elevarse
el rango normativo que los ampara.
El Título III, recoge la política integral en materia de retorno, ya en su
enunciado el término integral revela la voluntad de unificar en el sentido de
abarcar todos los aspectos relativos al retorno. Para ello se prevé un
mecanismo específico: la Oficina Española de Retorno, adscrita al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
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Esta oficina será la encargada de facilitar, orientar y asesorar a los españoles
que decidan retornar, con el objetivo de materializar su efectiva inserción social
y laboral en España.
Por otra parte, se apunta la necesidad de abordar las reformas normativas
necesarias que promuevan y faciliten el acceso a los españoles retornados a
determinados prestaciones.
Asimismo, se incide especialmente en la necesidad de adoptar medidas
específicas de fomento del empleo dirigidas al colectivo de españoles
retornados que decidan incorporarse al mercado de trabajo español.
Por último, el Título IV contempla los mecanismos e instrumentos de
cooperación, colaboración y coordinación de las actuaciones de las distintas
Administraciones Públicas competentes en ese ámbito, a fin de garantizar la
efectividad de los derechos y deberes que el Estatuto reconoce a los españoles
residentes en el exterior y a los retornados en España, esta cooperación
persigue la optimización de los recursos públicos en aras de una eficaz y
eficiente utilización de todos los recursos.
Para facilitar estos objetivos, se prevé la constitución de una Comisión en el
ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que formarán parte
representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
En lo que respecta a las Disposiciones Adicionales, se trata, a la vista de la
oportunidad que brinda el presente Estatuto, de recoger algunos aspectos en
materias de competencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que
requieren una concreción legal, dado que hasta ahora no existía ley alguna que
los amparase. En este sentido, las Disposiciones adicionales primera, segunda
y tercera determinan aspectos específicos de procedimiento y gestión en
materia de las pensiones asistenciales por ancianidad que obedecen o bien a
la existencia de una laguna legal o bien a la necesidad, fruto de la experiencia
acumulada desde la implantación de estas pensiones en el año 1993, de 9
modificar la regulación establecida por Real Decreto.
Así se prevé la regulación de los efectos del silencio administrativo en el
procedimiento del reconocimiento de estos pensiones, la revisión de oficio de
las resoluciones de concesión de estas pensiones y de la caducidad del cobro
de las mensualidades devengadas, particularmente, cuando se reanuda el
pago después de haber sufrido una suspensión por causa imputable al
beneficiario. En estos tres aspectos, dado el considerable impacto económico
que conllevan, se trata de establecer para las pensiones asistenciales por
ancianidad, una regulación igual que la existente en el ámbito de las pensiones
no contributivas del sistema de la Seguridad Social, pensiones que se
consideran análogas, dado que se establecieron en virtud de la habilitación
legal concedida al Gobierno por el artículo 7.4 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
Por otra parte, se recoge una Disposición derogatoria única, que deroga
expresamente la Ley 33/1971, General de Emigración, de 21 de julio,
ampliamente alterada en sus fines y objetivos por la entrada en vigor de la
Constitución española de 1978 y cuya vigencia, en muchos aspectos, es
puramente testimonial
Por último, la Disposición Final primera, modifica algunos aspectos del Texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, dado que la
presente Ley deroga la Ley General de Emigración de 1971 y en consecuencia,
lo relativo a la competencia en materia de visado de contratos de trabajo de los
trabajadores que se desplazan al exterior y de ofertas de empleo en el exterior.
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y finalidad
1. El objeto primordial de la presente Ley es establecer el marco jurídico y las
condiciones básicas para garantizar a los ciudadanos españoles residentes
en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, en
términos de igualdad con los españoles residentes en el territorio nacional,
así como reforzar los vínculos sociales, culturales y económicos con
España y con sus respectivas comunidades de origen.
2. La presente Ley tiene también como finalidad delimitar las líneas básicas de
la acción protectora del Estado, en aras de mejorar las condiciones de vida
de los españoles residentes en el exterior, en aquellos ámbitos en los que
se considere necesario complementar la protección existente en el país de
residencia.
3. Esta Ley contempla, asimismo, el marco de actuación y las medidas
específicas que deberán desarrollarse por el Estado, en cooperación y
coordinación con las distintas Administraciones Públicas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, para facilitar tanto la atención a los
españoles en el exterior, como la integración social y laboral de aquellos
españoles que decidan retornar definitivamente a España, sin perjuicio del
derecho a la libre circulación de trabajadores.
Artículo 2. Ámbito subjetivo
1. El ámbito subjetivo de aplicación de la presente Ley comprenderá:
a) A quienes ostenten la nacionalidad española y residan fuera del territorio
nacional.
b) A los ciudadanos españoles que ejerzan el derecho a la libre circulación
y a los que se desplazan temporalmente al exterior.
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c) A los españoles de origen que retornen a España para fijar su residencia
definitiva, siempre que ostenten la nacionalidad española antes del
regreso.
d) A los familiares de los anteriormente mencionados, entendiendo por
tales el cónyuge no separado legalmente y los descendientes hasta el
primer grado, siempre que sean menores de 21 años o mayores de
dicha edad que estén a su cargo y que dependan de ellos
económicamente.
2. El Estado establecerá los requisitos básicos y el procedimiento para
acreditar la situación de español retornado
Artículo 3. Objetivos
Los objetivos fundamentales de la presente Ley son:
a) Ordenar los derechos y deberes de los españoles residentes en el exterior y
reforzar su ejercicio mediante el compromiso de los poderes públicos de
promover las condiciones para hacerlos reales y efectivos, en condiciones
de igualdad con los residentes en España.
b) Delimitar el ámbito de la acción protectora del Estado cuando sea necesario
complementar la protección dispensada por los servicios públicos del país
de residencia.
c) Establecer el marco de actuación para garantizar la promoción educativa y
el acceso a las lenguas y cultura españolas de los descendientes de
españoles residentes en el exterior.
d) Fomentar y consolidar el movimiento asociativo de los españoles en el
exterior, apoyando fundamentalmente la creación y el mantenimiento de los
Centros y asociaciones de españoles que tengan por objeto la previsión y
la asistencia social y cultural de sus miembros.
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e) Apoyar a las asociaciones de españoles retornados constituidas en España
con el fin de facilitar la información, orientación y asesoramiento necesarios
a los españoles que deciden retornar.
f) Promover la participación de los españoles residentes en el exterior a través
de los Consejos de Residentes Españoles y del Consejo General de la
Emigración.
g) Configurar el marco en que deberán desarrollarse las actuaciones en
materia de retorno para facilitar la integración social y laboral de los
españoles que decidan regresar a España.
h) Velar por la protección de los derechos de los desplazados o expatriados en
el exterior.
i) Establecer los mecanismos adecuados para la coordinación de las
actuaciones desarrolladas por las distintas Administraciones Públicas, en
sus respectivos ámbitos de competencias, a fin de lograr una mayor
eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos destinados a
mejorar las condiciones de vida de los españoles en el exterior y de los
retornados.
j) Velar especialmente por extender la acción protectora a aquellos españoles
en el exterior que carezcan de recursos suficientes y que sean personas
mayores, personas con discapacidad, jóvenes o mujeres con especiales
dificultades de integración social o laboral o españoles desplazados durante
su minoría de edad, fuera del territorio nacional, como consecuencia de la
Guerra Civil española, en el periodo 1936-1939.
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TITULO II
DERECHOS Y PRESTACIONES

CAPITULO I

Derechos civiles y de participación

Artículo 4. Derecho a ser elector y elegible
1. Los españoles que residen en el exterior tienen derecho a ser electores y
elegibles en las mismas condiciones que los ciudadanos residentes en
España, en los términos previstos en la normativa de aplicación.
2. El Estado procurará que los residentes españoles en el exterior vean
reconocido el derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales
de su lugar de residencia bajo los criterios de reciprocidad que se
establezcan por tratado o Ley, con independencia de lo dispuesto en el
ámbito de la Unión europea para los residentes en dicho ámbito.
3. El Estado promoverá las medidas necesarias para facilitar la incorporación
de los ciudadanos españoles en el exterior en el funcionamiento y en las
listas electorales de los partidos políticos.
4. La Administración General del Estado arbitrará los mecanismos precisos
para asegurar la permanente actualización del censo de los electores
residentes ausentes que viven en el extranjero. A estos efectos, se
potenciarán los medios disponibles en los Consulados para atender las
funciones que les asigna la normativa electoral como colaboradores de la
Oficina del Censo Electoral.
5. Para facilitar el ejercicio del derecho de voto de los españoles residentes en
el exterior, se promoverán las medidas legales tendentes a homogeneizar
los procedimientos electorales de los electores residentes ausentes y se
habilitarán los medios materiales y técnicos precisos que posibiliten la 14
votación en urna en aquellas elecciones y demarcaciones consulares donde
sea posible, teniendo en cuenta las características de los países de
residencia y el número y distribución de españoles residentes en el país de
que se trate.
Artículo 5. Asistencia y protección de los españoles en el exterior
El Estado establecerá las medidas para que las Oficinas Consulares y demás
dependencias de la Administración española en el exterior cuenten con los
medios personales, materiales y técnicos precisos para prestar la debida
asistencia, protección y asesoramiento a los españoles que residan en el
exterior. Se prestara especial atención a aquellos que se encuentren en
situaciones de necesidad y a los privados de libertad, fundamentalmente a los
condenados a la pena capital o cadena perpetua.

Artículo 6. Derecho de petición
Los españoles residentes en el exterior podrán ejercer el derecho de petición,
individual o colectivamente, ante cualquier institución pública, administración o
autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los
organismos y entidades vinculadas o dependientes de las Administraciones
públicas españolas, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2001, de
12 de noviembre, reguladora del derecho de Petición.
Artículo 7. Derecho a acudir al Defensor del Pueblo
Los españoles residentes en el exterior podrán dirigirse al Defensor del Pueblo
invocando un interés legítimo, en igualdad de condiciones que los residentes
en España.
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Artículo 8. Derecho de información
Los españoles residentes en el extranjero tienen derecho a obtener información
sobre el conjunto de las leyes y demás normas que conforman el ordenamiento
jurídico español y, especialmente, sobre aquellas que afectan a sus derechos e
intereses legítimos. Igualmente, tienen derecho a conocer, en cualquier
momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que sean
interesados, así como a cualquier otro derecho que como ciudadano, en sus
relaciones con las Administraciones Públicas, esté previsto en la normativa
Artículo 9. Derecho a la participación en los órganos representativos de la
emigración
Los españoles residentes en el exterior tienen derecho a participar en los
asuntos que les conciernen a través de los Consejos de Residentes Españoles
y del Consejo General de la Emigración.
Artículo 10. Consejo General de la Emigración
El Consejo General de la Emigración es un órgano de carácter consultivo y
asesor, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la
Dirección General de Emigración, cuya estructura y régimen de funcionamiento
se regularán reglamentariamente.
Artículo 11. Atribuciones del Consejo General de la Emigración
1. Son atribuciones del Consejo General de la Emigración las siguientes:
a) Realizar estudios sobre cuestiones y problemas que afecten a los
ciudadanos españoles en el exterior.
b) Formular propuestas y recomendaciones en relación con los objetivos y
aplicación de los principios inspiradores de la política de emigración.
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c) Ser informado de la actuación de los órganos de la Administración
competentes en materia de emigración.
d) Conocer e informar, con carácter previo, Anteproyectos de Ley y
Proyectos de Reales Decretos y de Ordenes relativos a las siguientes
materias, en el ámbito de su competencia: derechos civiles, derechos
laborales y protección social, educativa y cultural.
e) Aprobar el Reglamento de funcionamiento del propio Consejo.
2. Las propuestas, recomendaciones, informes o acuerdos que el Consejo
eleve al Gobierno serán remitidos a través del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Artículo 12. Consejos de Residentes Españoles
Los Consejos de Residentes Españoles son órganos de carácter consultivo y
asesor, adscritos a las Oficinas Consulares de España en el exterior, cuya
estructura y régimen de funcionamiento se regularán reglamentariamente.
Artículo 13. Funciones de los Consejos de Residentes Españoles

Los Consejos de Residentes Españoles tienen las siguientes funciones:
a) Servir de cauce de comunicación entre las comunidades de españoles
en el exterior y las correspondientes Oficinas Consulares.
b) Proponer las medidas relacionadas con la función consular que
contribuyan a mejorar su funcionamiento en el ámbito de su
circunscripción.
c) Asesorar e informar a la Oficina Consular en los asuntos que afecten a
la comunidad española.
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d) Difundir entre la comunidad española las medidas adoptadas por la
Administración pública en aquellos temas que afecten a los españoles
residentes en la circunscripción.
e) Cooperar con la Oficina Consular o con otras instituciones españoles o
locales para dar mayor carácter institucional a aquellas actividades que
se desarrollen en beneficio de los españoles.
f) Colaborar con la Oficina Consular en materia de convocatorias de
elecciones a los propios Consejos de Residentes Españoles.
g) Participar, en la forma en que reglamentariamente se establezca, en el
procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones establecidas a
favor de los españoles en el exterior.
Artículo 14. Derecho de asociación
1. Los poderes públicos apoyarán el movimiento asociativo de los españoles
en el exterior, fomentando, especialmente, aquellos centros y asociaciones
que tengan por objeto la promoción socio-cultural.
Para garantizar la continuidad del movimiento asociativo se fomentará la
participación activa de los jóvenes en las organizaciones y asociaciones de
españoles en el exterior y se velará por evitar toda discriminación por razón
de género.
2. Las Administraciones Públicas coordinarán sus actuaciones a fin de lograr
un mejor y más eficaz aprovechamiento de los recursos públicos,
favoreciendo además la agrupación de los centros y asociaciones.
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3. Se promoverán, igualmente, las asociaciones de españoles retornados en
España, cuya finalidad sea la información, asesoramiento y orientación al
retorno.

4. Reglamentariamente se establecerá un Censo de Asociaciones y Centros
constituidos en el exterior.
CAPITULO II

DERECHOS SOCIALES Y PRESTACIONES
Artículo 15. Derecho a la protección de la salud
1. Los españoles residentes en el exterior tendrán derecho a la protección a la
salud en los términos en que reglamentariamente se establezca y en aras a
su gradual equiparación con las prestaciones del Sistema Nacional de
Salud.
2. El Estado promoverá una atención integral de la salud, atendiendo con
carácter prioritario a los mayores y dependientes, que carezcan de recursos
suficientes, con el contenido y alcance que reglamentariamente se
establezca.
A tal efecto, el Estado podrá suscribir convenios con entidades públicas o
privadas en los países donde sea necesario garantizar la efectividad del
derecho a la protección de la salud.
Artículo 16. Derechos en materia de la Seguridad Social
1. El Estado adoptará las medidas necesarias para que la acción protectora de
la Seguridad Social se extienda a los españoles que se trasladen al exterior
por causas de trabajo y a los familiares de los mismos en los términos
establecidos en la legislación aplicable.
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A tal fin, el Estado proveerá cuanto fuese necesario para garantizar a los
trabajadores españoles en el exterior, en materia de Seguridad Social, la
igualdad o asimilación con los nacionales del país de recepción, en la
medida en que sea más beneficioso, mediante la celebración de Tratados y
Acuerdos con los Estados receptores, la ratificación de Convenios
Internacionales y la adhesión a Convenios multilaterales.
2. El Estado velará por la conservación de los derechos en materia de
Seguridad Social de los trabajadores españoles residentes en el exterior a
través de Convenios en materia de Seguridad Social y mediante el
establecimiento de fórmulas que permitan a los trabajadores que residan en
el exterior y a los que deciden retornar, el abono de las cotizaciones
voluntarias al Sistema de Seguridad Social.
3. La Administración General del Estado arbitrará las fórmulas más
beneficiosas para el reconocimiento a los trabajadores españoles en el
exterior de las prestaciones económicas, derivadas de las cotizaciones a la
Seguridad Social.
Artículo 17. Prestaciones por razones de necesidad
1. La Administración General del Estado, en los términos en que
reglamentariamente se establezca, garantizará el derecho a percibir una
prestación a los españoles residentes en el exterior que habiéndose
trasladado al exterior por razones laborales, económicas o cualesquiera
otras y siendo mayores de 65 años de edad o incapacitados para el trabajo,
se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o
ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Los españoles retornados podrán continuar percibiendo la prestación a que
se refiere el apartado anterior, hasta que alcancen el derecho a una pensión
del sistema de Seguridad Social o a otra pensión pública.
2. La Administración General del Estado regulará los mecanismos que
permitan incorporar a la prestación, la asistencia integral de la salud y los 20
servicios sociales para mejorar la calidad de vida de los mayores o
incapacitados para el trabajo.
Artículo 18. Servicios Sociales para mayores
1. A fin de promover el bienestar de los españoles mayores que residen en el
exterior, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para
potenciar la red de servicios sociales, fomentando, así mismo, la realización
de actividades de cultura y ocio.
2. Los poderes públicos prestarán especial apoyo a aquellos centros y
asociaciones de españoles que cuenten con infraestructuras adecuadas
para la atención de personas mayores.
3. Los poderes públicos podrán desarrollar, en el marco de la regulación de la
atención a la dependencia, medidas específicas dirigidas a las personas
mayores dependientes en situación de necesidad.
Artículo 19. Acciones de información socio-laboral y orientación y
participación en programas de formación profesional ocupacional
1. Los poderes públicos promoverán el desarrollo de acciones de información,
orientación y asesoramiento encaminadas a facilitar la inserción socio-
laboral de los españoles residentes en el exterior y de los retornados, a
través de los correspondientes programas de ayudas o de convenios con
entidades públicas o privadas.
2. Se fomentará la participación de los españoles residentes en el exterior y de
los retornados en programas de formación profesional, a fin de facilitar su
incorporación al mercado laboral o de mejorar su capacitación profesional.
3. Los poderes públicos podrán promover acciones concretas o establecer
acuerdos con organismos públicos o privados de los respectivos países 21
para facilitar, fundamentalmente, la incorporación al mercado laboral de los
jóvenes y de las mujeres con especiales dificultades de inserción laboral.
Artículo 20. Derechos en materia de empleo y ocupación
1. El Estado promoverá a través del Sistema Nacional de Empleo, el acceso a
la información necesaria que permita a los españoles demandantes de
empleo en el exterior y a los retornados, la búsqueda de empleo y la
mejora de sus posibilidades de ocupación.
2. El Estado velará por las condiciones del desplazamiento de profesionales
españoles por empresas radicadas en el exterior y facilitará la contratación
de trabajadores españoles residentes en el exterior.
3. El Gobierno podrá establecer visados de búsqueda de empleo dirigidos a
los hijos o nietos de españoles de origen, conforme a la legislación
específica de aplicación.
CAPITULO III
DERECHOS RELATIVOS A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA
Artículo 21. Derecho a la educación

1. Los poderes públicos con el fin de que los españoles residentes en el
exterior cuenten con una adecuada atención educativa, promoverán
medidas que favorezcan su acceso a la educación obligatoria en su país de
residencia a través de los medios que se estimen adecuados.

Así mismo, se fomentará la realización de estudios universitarios en España
mediante la concesión de becas o la suscripción de convenios de
colaboración con universidades españolas.
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El Estado promoverá, igualmente, el acceso a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, fomentando el empleo de las nuevas tecnologías.
2. El Estado reconocerá el derecho a la participación de los profesores, padres
y alumnos en el control y la gestión de los centros educativos españoles en
el exterior, en los términos que reconozca la legislación española.
Artículo 22. Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y
estudios extranjeros
El Estado continuará adoptando las medidas necesarias para la simplificación y
agilización de los procedimientos de homologación, convalidación y
reconocimiento de títulos y estudios extranjeros, a fin de facilitar la continuidad
de los estudios en España y, en su caso, la inserción en el mercado de trabajo,
de acuerdo con la normativa aplicable.
Artículo 23. Lenguas y cultura españolas
1. El Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, arbitrará los
mecanismos necesarios para facilitar a los descendientes de españoles
residentes en el exterior, el conocimiento de las lenguas y cultura españolas
a través de los Ministerios y recursos que se consideren oportunos.
A tal fin, se establecerán los requisitos de acceso y funcionamiento de
estos programas para adaptarlos a las circunstancias específicas de cada
país.
2. El Estado, en coordinación con las Comunidades Autónomas, promoverá la
divulgación y el conocimiento de la cultura española en el exterior, a través
de los medios de comunicación públicos y mediante el apoyo a los medios
privados, teniendo en cuenta su vocación exterior y fomentando su nivel de
calidad.
23
3. Los poderes públicos apoyarán y desarrollarán actuaciones dirigidas a
facilitar el contacto y la vinculación de los españoles residentes en el
exterior con la realidad española.
4. Los poderes públicos velarán por la conservación del patrimonio de la
colectividad española en el exterior y por el mantenimiento de la memoria
histórica de la emigración.
TITULO III

POLÍTICA INTEGRAL EN MATERIA DE RETORNO
Artículo 24. Finalidades de la política de retorno
1. El Estado en colaboración con las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales, promoverá una política integral para facilitar el
retorno de los españoles de origen residentes en el exterior.
A tal fin, los poderes públicos, para un eficaz y eficiente aprovechamiento
de los recursos públicos, coordinarán sus actuaciones para que la
integración social y laboral de los españoles que retornen se realice en las
condiciones más favorables.
2. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para remover los
obstáculos que dificulten a los españoles retornados el acceso a las
prestaciones o beneficios sociales existentes, en las mismas condiciones
que los españoles residentes en España.
3. Los poderes públicos velarán particularmente por evitar la discriminación de
la mujer, que retorna sin recursos propios, para acceder a determinadas
prestaciones o ayudas por no acreditar periodos de trabajo en el exterior.
24
Articulo 25. Oficina Española del Retorno
1. La Administración General del Estado creará la Oficina Española del
Retorno, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
funcionará como “ventanilla única” para facilitar la orientación y el
asesoramiento a los españoles que decidan retornar, a cuyo fin se
establecerán los medios y recursos materiales y tecnológicos necesarios
para integrar toda la información relativa a las normas, procedimientos
administrativos y medidas de apoyo existentes en materia de retorno, en el
ámbito de las distintas Administraciones Públicas.
La Administración General del Estado podrá suscribir convenios o acuerdos
con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con objeto de facilitar
los trámites que deban realizar los españoles para retornar a España.
2. La Administración General del Estado en el exterior contará con la dotación
necesaria de medios humanos, materiales y técnicos, para facilitar a los
españoles la planificación de su retorno a España.
Artículo 26. Fomento del empleo
Los poderes públicos arbitrarán los mecanismos para la puesta en marcha de
un plan de promoción de empleo e incorporación laboral de los españoles que
retornen y sus familiares para facilitar su inserción en el mercado de trabajo.
A tal efecto, en el marco de la política de empleo, los Planes Nacionales de
Acción para el Empleo, podrán considerar colectivo prioritario de actuación a
los retornados y sus familiares, a fin de potenciar sus posibilidades de
encontrar empleo y mejora de su ocupabilidad.
En este sentido, se promoverán, especialmente, las reformas precisas para
simplificar los trámites relativos a la homologación de titulaciones académicas y
profesionales y de los permisos de conducir, así como el acceso a las ofertas
de empleo del Sistema Nacional de Empleo y de los Servicios Europeos de 25
Empleo y la posibilidad de inscribirse como demandante de empleo.
TITULO IV
RELACIONES ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Articulo 27. Cooperación entre las Administraciones Públicas

1. Los poderes públicos deberán cooperar para garantizar la efectividad de los
derechos y deberes que la presente Ley reconoce a los españoles en el
exterior y a los retornados a España.
A tal fin, los poderes públicos se prestarán asistencia para mejorar la
eficacia y eficiencia de sus actuaciones en el ámbito de la protección de los
españoles en el exterior y, especialmente, en la atención a los españoles
que retornan a España, intercambiando la información precisa para una
mejor coordinación de las respectivas actuaciones.
2. En el ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se constituirá una
Comisión de la que formarán parte representantes de la Administración
General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas.
La citada Comisión constituye un órgano de cooperación multilateral de
ámbito sectorial, en el que podrán participar representantes de la
Administración Local, cuando se traten temas que afecten a sus
competencias, así como representantes de las organizaciones y
asociaciones de los españoles en el exterior y de los retornados y de los
agentes sociales, cuando se considere necesario.
26
Artículo 28. Convenios de colaboración entre el Estado y las
Comunidades Autónomas

La Administración General del Estado podrá celebrar convenios de
colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y,
particularmente, en lo relativo al retorno, de conformidad con lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Administraciones públicas podrán acordar la realización de planes y
programas conjuntos en materias de competencia concurrente.
Artículo 29. Coordinación de las actuaciones de los poderes públicos

A fin de conseguir la complementariedad de las actuaciones y evitar la
duplicidad de los programas y medidas de apoyo a favor de los españoles
residentes en el exterior y de los retornados, los poderes públicos impulsarán el
establecimiento de mecanismos de coordinación entre las distintas
Administraciones Públicas competentes.
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Disposición Adicional Primera. Efectos del silencio administrativo en
materia de pensiones asistenciales por ancianidad
Las solicitudes para el reconocimiento del derecho a las pensiones
asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles, reguladas en
el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, podrán entenderse desestimadas, si
transcurrido el plazo máximo de seis meses, contado desde la fecha en que la
solicitud haya tenido entrada en los registros del órgano competente para su
tramitación, no se hubiera notificado resolución expresa. Sin perjuicio de ello,
el órgano competente está obligado a resolver en la forma prevista en el
artículo 43.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición Adicional Segunda. Revisión de oficio de las resoluciones de
las pensiones asistenciales por ancianidad
El órgano competente para resolver las pensiones asistenciales por ancianidad
a favor de los emigrantes españoles podrá, en cualquier momento, rectificar
errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como revisar de forma
motivada las resoluciones de reconocimiento del derecho a la pensión, por la
constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario.
Disposición Adicional Tercera. Caducidad del derecho al cobro en materia
de pensiones asistenciales por ancianidad
El derecho al percibo de las mensualidades correspondiente a las pensiones
asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles caducará al
año de su respectivo vencimiento. En los supuestos en que se reanude el
pago, tras haber sido suspendido de forma cautelar por causas imputables al 28
beneficiario, el derecho al percibo de las mensualidades que correspondan
desde el momento de la suspensión, caducará al año de su respectivo
vencimiento.
Disposición Derogatoria Única. Derogación Normativa
Se deroga la Ley 33/1971, de 21 de julio, de Emigración
Disposición Final Primera. Modificación del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real
Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 2, del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real
Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que quedará redactado de la
siguiente forma:
.“ Los transportistas, agentes consignatarios, representantes, trabajadores y, en
general, las personas físicas o jurídicas que intervengan en movimientos
migratorios”
Dos. Se modifica la rúbrica del Capítulo IV del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que quedará denominado:
“Infracciones en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros”
Tres. Se modifica la rúbrica de la Sección 1ª del Capítulo IV y sus artículos 33,
34, 35 y 36 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
dándoles la siguiente redacción:
“Sección 1ª Infracciones en materia de movimientos migratorios”
29

“Artículo 33. Concepto
Son infracciones en materia de movimientos migratorios laborales las acciones
u omisiones de los sujetos a quienes se refiere el artículo 2.4 tipificadas y
sancionadas de conformidad con la presente Ley.
Artículo 34. Infracciones leves
Constituye infracción leve la modificación de las condiciones de la oferta de
trabajo para desplazarse al exterior, si no causa perjuicio grave para el
trabajador.
Artículo 35. Infracciones graves
Son infracciones graves
1. La modificación de las condiciones de la oferta de trabajo para
desplazarse al exterior, si causa perjuicio grave para el trabajador.
2. La ocultación, falsificación o rectificación de cláusulas sustanciales de un
contrato de trabajo para desplazarse al exterior.
3. El desplazamiento del trabajador al país de acogida sin la
documentación necesario o la retención injustificada por la empresa de
dicha documentación
4. La contratación de marinos españoles por cuenta de empresas
armadoras extranjeras realizada por personas o entidades no
autorizadas por la autoridad laboral para realizar ese cometido.
Artículo 36. Infracciones muy graves
Son infracciones muy graves:
1. El establecimiento de cualquier tipo de agencias de reclutamiento.
2. La simulación o engaño en la contratación de los trabajadores que se
desplazan al exterior .
30
3. El abandono de trabajadores desplazados por parte del empresario
contratante o de sus representantes autorizados.
4. El cobro a los trabajadores de comisión o precio por su reclutamiento o
contratación.
5. La obtención fraudulenta de ayudas a los movimientos migratorios, ya
sean individuales o de reagrupación familiar, o la no aplicación o
aplicación indebida de dichas ayudas.”
Cuarto. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 40 del texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que tendrá la
siguiente redacción
“1. Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de
Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, en
materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, así como las
infracciones por obstrucción se sancionarán: “
Disposición Final Segunda Título competencial
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1. 2ª de la Constitución española,
que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de emigración.
Disposición Final Tercera. Desarrollo de la presente Ley
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará las disposiciones de
desarrollo y aplicación de la presente Ley que resulten necesarias.

P.S. Buscando en la Red, esto es lo unico que pude encontrar sobre el estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior… no se si sera este el ante-proyecto….

Si….. Gabriel Armas.

¡500.000 en todo el mundo y sólo en mi familia somos ocho nietos, jaaaa, jaaa, jaaa, jaaa, es que no aguanto la risa!

Hola Gabriel como estas?’ como van tus planes de viaje?? ya tienes fecha y lugra al que iras?? saludos

Que bueno mi pana, trata de no perderte del foro, que ese tambien es mi probable destino,aunque yo creo que arranco entre marzo y mayo, vamos a ver, buenio estamos en contacto mucha suerte y exitos

En las Observaciones que hace el Consejo General de Emigración a ese borrador proponen quitar el requisito de ser español de origen para los beneficios de retornado.

[url]http://www.psoe.es/ambito/europa/docs/index.do?action=View&id=46486[/url]

excelente