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Especial: la Reforma Bush
Polémica
propuesta
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Polémica
propuesta
Aunque sólo se trata de un proyecto que aún
debe recorrer el largo camino institucional, que pasa por
la aprobación del Congreso, antes de convertirse
en Ley, los anuncios que el Presidente de Estados Unidos,
George Bush, efectuó recientemente sobre modificaciones
radicales a la política migratoria de su gobierno,
fueron acogidos con mucho interés por los más
de 10 millones de ciudadanos extranjeros que habitan ese
país en condiciones de ilegalidad.
El programa propone
dar residencia legal temporal a los inmigrantes ilegales,
bajo el argumento de que las leyes actuales no funcionan.
"Como un
país que valora los inmigrantes y depende de los
inmigrantes, deberíamos tener leyes de inmigración
que nos hagan sentir orgullosos. Y las que hay ahora no
son así.”, expresó el Presidente Bush
e inició de inmediato un polémico debate sobre
los derechos y libertades que la sociedad estadounidense
está dispuesta a otorgar a los ciudadanos extranjeros
residentes en Estados Unidos en condiciones de irregularidad.
Algunos
analistas interpretan la medida como una deliberada jugada
política del gobierno de Bush por conseguir el voto
hispano durante un período que se puede considerar
como electoralmente preparatorio de los comicios presidenciales
que se realizarán a finales de este año. Otros
aseguran que se trata de un notable esfuerzo por adecuar
las leyes de inmigración a las realidades de la vida
estadounidense.
Lo cierto es
que, aunque no puede descartase el proselitismo político,
la llamada “Reforma Bush” ha puesto en el primer
plano de la discusión política estadounidense
el tema migratorio, del cual depende la estabilidad de millones
de extranjeros, en su gran mayoría latinoamericanos
en la búsqueda de la calidad de vida que no encontraron
en sus naciones de origen.
Sin embargo,
el proyecto de reforma migratoria posee detractores de uno
y otro bando. Los hispanos se quejan de que se trata de
una solución temporal que no ayuda a largo plazo,
ya que la mayoría de los ilegales aspira a una residencia
permanente en Estados Unidos y no desean regresar a sus
respectivos países de origen. Por otro lado, los
más conservadores consideran que las medidas premiarían
a los ilegales y perjudicarían la mano de obra estadounidense.
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