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Leyes
y derechos
La Constitución Nacional
y las leyes federales rigen por encima de cualquier ley estatal
que sea incompatible. En la práctica, los dos niveles
de gobierno, el central y el federal, cooperan en muchos aspectos
en los que los estados y territorios son formalmente responsables,
como en el caso de la educación, el transporte, la
salud, la agricultura y la seguridad.
La
constitución australiana, vigente desde 1901, define
las responsabilidades del Gobierno Federal, que incluyen las
relaciones y comercio exterior, la defensa y la inmigración.
Los gobiernos de los estados y territorios son responsables
de todas las cuestiones no asignadas al "Commonwealth"
(Comunidad Británica de Naciones).
La
constitución sólo puede modificarse por referéndum,
siempre que exista mayoría en la totalidad de la nación
y en al menos cuatro de los seis estados. De 42 propuestas
a referéndum presentadas desde el inicio de la federación
sólo se han aprobado ocho.
De
forma similar a la Constitución Federal, las leyes
de los estados se originan en leyes promulgadas por el Parlamento
Británico. Sin embargo, el poder para cambiar las constituciones
estatales reside en los parlamentos estatales y no requieren
un referéndum.
Todo
lo que se diga en el parlamento puede declararse como justo
y preciso, sin temor a un juicio por difamación. Las
luchas parlamentarias y los debates son transmitidos masivamente
por los medios de comunicación. Esto ha dado al gobierno
australiano la reputación de estar consolidado a través
del debate público y ha reforzado el Poder Ejecutivo.
La
constitución australiana proporciona unas garantías
expresas de derechos individuales y civiles, sin embargo,
como regla general, la protección de esas libertades
queda de parte de los parlamentos federales y estatales y
de las cortes en la aplicación del derecho consuetudinario.
La Corte Suprema, el tribunal de apelación final de
Australia, tiene un papel central en la salvaguarda de esos
derechos.
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